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Al menos 150
personas fueron asesinadas en el penal de Piedras Negras, entre ellos los cinco sordomudos
desaparecidos en 2012
Con profunda indignación, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos
constata de nueva cuenta del desdén, la falta de seriedad, profesionalismo
y respeto del Subprocurador de Personas No Localizadas de la Procuraduría
de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola. En un artículo titulado “Piedras Negras
un campo de exterminio en el estado de Humberto Moreira”, aparecido en “El
Español” (elespanol.com), es entrevistado por el periodista Diego Enrique Osorno y declara
que el caso de los Cinco Sordomudos desaparecidos en Piedras Negras “desembocó en una
prisión estatal ubicada en la ciudad de Piedras Negras (donde) asesinaron e incineraron
personas de manera sistemática en el interior (…). Entre las víctimas se encuentran (…)
personas ajenas al mundo criminal como los vendedores sordos (…).
El Centro de Derechos Humanos, que representa a las víctimas y familiares del caso los
Cinco Sordomudos, en ningún momento de la revisión trimestral de la Averiguación Previa,
hemos sido informados de ninguna prueba o indicio que apuntale este dicho. No obstante,
de existirlo, las familias tienen todo el derecho a enterarse de manera directa y no por un
medio de comunicación, y el señor Yáñez está obligado a cuidar la reserva de la investigación
y seguir los protocolos de atención psicológica para comunicarlo a las familias.
El Señor Yáñez Arreola incurre en violaciones al artículo 85 del Código de
Procedimientos Penales de Coahuila y al artículo 206 de la Ley de Procuración de Justicia de
Coahuila”
EL RECLAMO
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EL HERALDO DE SALTILLO
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Viernes 22 de Enero de 2016
entonces dispersas. La lista incluía
hasta 3.800 personas.
“El problema de las des-
apariciones creció mucho durante
los años de Felipe Calderón en el
poder”, asegura el subprocurador
Yáñez, que enumera cinco facto-
res: la lucha frontal del Gobierno
contra los grupos delincuentes, la
lucha entre los cárteles, el reclu-
tamiento de personas para estos
cárteles, el asesinato de personas
inocentes y la decisión de quienes,
abusando de esta situación y por
problemas familiares o económi-
cos, aprovecharon para desapare-
cer.
La instancia tiene cerca
de 50 empleados, entre los que se
encuentran agentes del ministerio
público, investigadores, peritos,
secretarias y otros ayudantes.
Cuenta con un área de
atención a víctimas que se dedica a
las necesidades psicológicas, eco-
nómicas y sociales de los familia-
res de las personas desaparecidas.
También existe un pequeño equipo
de mediación que busca combatir
la estigmatización de los desapa-
recidos. El funcionario relata un
ejemplo del tipo de trabajo que
realiza esta área: “Hubo una fami-
lia en la que desapareció el papá y
el hijo está en la escuela. Entonces
los papás de sus compañeros no
quieren que esté en esa escuela,
no vayan a regresar y se vayan a
confundir y se lleven junto con el
niño al que esté jugando con él. En-
tonces piden la salida del niño de la
escuela y que la señora se cambie
de casa. Lo que hacemos nosotros
ahí es una mediación comunitaria
para explicar lo sucedido. Ahora el
niño convive muy bien, tiene muy
buen promedio y sigue con sus
amigos. La esposa del desapare-
cido ya no tiene los problemas de
rechazo de los vecinos”.
La principal dificultad que
ha afrontado la dependencia es la
poca atención judicial que recibie-
ron las denuncias de desaparición
forzada durante el Gobierno ante-
rior.
“Había averiguaciones en
las que no se habían hecho diligen-
cias y eso hace más difícil la bús-
queda de una persona”, dice Yáñez.
“En ese tiempo no se interrogó, no
se citó, no se hizo una prueba de
criminalística en el lugar. Es imposi-
ble que ahorita, después de cierto
tiempo, se pueda hacer una prue-
ba criminalística con los resultados
que uno espera. Otro problema es
que muchas de las personas que
participaron en una privación pues
ya están muertas. El tiempo pasa y
es más difícil aunque no imposible
saber la verdad”.
LOS MÉTODOS DEL HORROR
En los estados de Coahui-
la, Tamaulipas y Nuevo León, se
han encontrado unas 500 fosas
comunes en los últimos años. Pero
a partir de 2011 los grupos crimi-
nales empezaron a usar ranchos
alejados como centros de incinera-
ción ilegal. Los narcos los llamaban
“cocinas” y allí, con toneles, diésel
y fuego, deshacían los cuerpos de
sus víctimas.
“Ese es uno de los pro-
blemas con el que nos enfrenta-
mos”, explica Yáñez. “La forma en
que hacen desaparecer a alguien
nos hace imposible entregar su
cadáver a un familiar. La forma de
actuar del grupo permite que no
queden restos. Así dar un resulta-
do es muy difícil”.
–¿Ya tienen ubicado el
momento en que empezaron a in-
cinerar a sus víctimas?
–Yo creo que fue algo pro-
pio de esta región. Hay restos que
se pueden sacar de ciertos luga-
res y se están revisando. Pero hay
otros sobre los que nos dicen los
laboratorios que es imposible sa-
carles el ADN. También hay grupos
que arrojaban las cenizas a un río.
–Además de la cárcel de
Piedras Negras, ¿en qué otros lu-
gares específicos están haciendo
investigaciones especiales?
–En muchos lugares. Por
ejemplo, tenemos reportes que
aún tenemos que corroborar so-
bre la Presa Don Martín [cercana
a Piedras Negras]. Estamos traba-
jando con la Marina precisamen-
te en ese tema. Es una presa muy
grande. A pesar de que tenemos
un dron acuático y un dron aéreo,
es necesario hacer una búsqueda
más completa. De hecho tenemos
una unidad de la policía científica
de la policía federal. Todo eso nos
ha ayudado, pero falta mucho. Sin
embargo, ya estamos resolviendo
lo que sucedió en la cárcel de Pie-
dras Negras.
–¿Ya saben quiénes fue-
ron los funcionarios estatales que
encubrieron estas masacres y se
beneficiaron económicamente?
–Eso todavía no lo sabe-
mos.
(Con información del perió-
dico El Español)
Nota: Diego Enrique Osor-
no es autor de 'Contra Estados Uni-
dos (2014) y 'La guerra de los Ze-
tas' (2012). Su último libro es 'Slim'
(Debate, 2015)