INE multa a asociación por «firmas» de fallecidos

 Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Gabriel Pano/EELG

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar a la asociación Que Siga la democracia con medio millón de pesos, por entregar 14 mil 940 firmas de personas fallecidas para solicitar la revocación de mandato.

El proyecto, aprobado por unanimidad de las y los consejeros, propone dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para posible acción penal.

El INE detectó 17 mil 460 firmas de personas fallecidas, que fueron entregadas para solicitar el proceso de revocación de mandato, de las cuales, casi 15 mil corresponden a esta asociación.

Que siga la democracia es una asociación dirigida por Gabriela Jiménez, quien fue candidata a diputada federal por Morena en las elecciones de 2021.

En la sesión, el consejero Ciro Murayama recordó que la asociación entregó la mayoría de los apoyos en papel, no mediante la aplicación que tenía más mecanismos de seguridad.

«La organización Que siga la democracia AC, cuya representante fue candidata a diputada federal por Morena en 2021, y a la que los representantes de este partido se han referido como compañera, cometió un doloso fraude al presentar 15 mil firmas de personas fallecidas como apoyo a la revocación de mandato», apuntó.

«¿Cómo pudieron obtener no sólo los datos, sino las fotocopias de credenciales para votar de 15 mil muertos? Quizá con acceso a los datos de quienes controlan programas sociales», cuestionó el consejero Murayama.

Señaló que, si la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales actúa conforme a derecho, deberá haber una condena penal para quienes usaron de manera indebida el padrón electoral.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey manifestó que la entrega de firmas de personas fallecidas implica el acceso a una credencial o copia de ésta, de personas que no podían haberla proporcionado.

«Se busca engañar a la autoridad electoral y crear de forma artificiosa el número de apoyos necesarios para la procedencia constitucional y legal de la revocación de mandato», puntualizó.

«Se trata de una actividad sistemáticamente orquestada con el fin de engañar deliberadamente a esta autoridad electoral», añadió la consejera. (EL UNIVERSAL)