La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin citando su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania, relacionados con la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso que califica de un crimen de guerra y señala que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa del mandatario ruso.
Según Estados Unidos y varios gobiernos europeos, la administración de Putin ha llevado a cabo un plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia, a menudo a una red de decenas de campos, donde los menores son sometidos a una reeducación política.
Junto con el presidente, el tribunal ha dictaminado el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia y encargada de la deportación de menores ucranianos a Rusia quien comentó a propósito de la decisión de la CPI: “Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado el trabajo que hacemos para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejamos en la zona de guerra, que los sacamos, que creamos buenas condiciones para ellos y los rodeamos de gente cariñosa y atenta. Ha habido sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí, ahora hay una orden de detención, me pregunto qué pasará después… bueno, seguimos trabajando”, manifestó, por su parte, Lvova-Belova.
Ante la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comunicó que Moscú no reconoce la jurisdicción de ese tribunal contra el presidente de Rusia, Vladímir Putin “Consideramos que la misma formulación del caso es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante”, señaló.
“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos”, agregó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
La Corte Penal Internacional fue constituida en 2002 para investigar graves violaciones de los Convenios de Ginebra y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El documento constitutivo, el Estatuto de Roma de 1998, ha sido ratificado por 123 países, que no incluyen a Estados Unidos, Rusia, China, Israel, entre otros. (EL HERALDO)
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