Pasó Auditoría Superior de Coahuila ‘lupa’ a 6 mil 706 millones de pesos  

Entre dependencias públicas y organismos estatales y municipales; los más observados y auditados fueron Torreón, Frontera, Matamoros y Parras

Dentro de los resultados de fiscalización a entes públicos del ejercicio 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE) observó 6 mil 706 millones de pesos a dependencias públicas y organismos estatales y municipales, donde los entes más observados y auditados fueron a los ayuntamientos de Torreón, Frontera, Matamoros y Parras de la Fuente.

En la presentación del informe anual de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2021, que rindió el Auditor Superior del Estado, Manuel Rodríguez Briones, se dio a conocer que se llevaron a cabo mil 797 auditorías en el tema de cumplimiento, inversión y obra pública, legalidad, desempeño y financieras.

Dentro de los resultados de fiscalización, Rodríguez Briones precisó que se tuvieron observaciones en el ámbito estatal por 4 mil 483.45 millones de pesos, mientras que en el municipal 2 mil 222.68, lo que da un total de 6 mil 706.13 millones de pesos que no han comprobado los entes públicos con afectación directo al erario.

Cabe mencionar que esta cifra es inferior al informe presentado en la cuenta pública del 2020, donde fueron observados 8 mil 191.18 millones de pesos.

“De los municipios en materia de complimiento que salieron más observados fueron entre los principales Torreón, Matamoros, Parras y Frontera”, señaló.

Asimismo, a estos gobiernos municipales se suman otros organismos autónomos, como la Universidad Autónoma de Coahuila, que fue la institución que más ha sido señalada por servicios personales, y ante el tema de encontrase pagos a funcionarios académicos con dobles plazas.

Destacó que es muy difícil que no tengan la observación porque ya existe la obligación de los CFDI y no son temas de comprobación, sino que son temas de justificación de la comprobación que deben hacer de las compras, adquisiciones y demás.

Subrayó que lo que se señaló y que no fueron atendidas por las entidades, pasa al proceso de investigación. (DAVID GONZÁLEZ | INFONOR)