Se solicitará al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, del Gobierno Federal, que establezcan e implementen una oficina de representación del Instituto en Coahuila. Asimismo, al Gobierno del Estado para que lleve a cabo las acciones necesarias, para crear y establecer una área dentro de la Administración Pública Estatal, que impulse la relación conforme al reconocimiento, el respeto y el ejercicio pleno de los derechos humanos, de los pueblos originarios de la entidad.
La diputada Yolanda Elizondo Maltos propuso hacer esta solicitud mediante un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos en la cuarta sesión del Segundo Periodo Ordinario de la LXII Legislatura local.
Expuso como motivos, el hecho de que en los foros realizados por el Congreso del Estado, los representantes de pueblos originarios pidieron que por conducto de las y los diputados, se solicite tanto al Gobierno Federal como al del Estado, se instalen e implementen las representaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y una oficina equivalente del Gobierno del Estado.
Cabe señalar que en Coahuila, se estima que residen personas pertenecientes a unas 45 comunidades indígenas y afromexicanas.
Subrayó que actualmente en Coahuila no existe representación ese Instituto Nacional, como tampoco una área u oficina que promueva, asesore y de seguimiento a las políticas públicas, estrategias, programas o acciones gubernamentales que brinden atención a las personas de pueblos originarios, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, así como su desarrollo integral, sostenible y fortalezca sus culturas e identidades.
Añadió que al no contar con esas oficinas, los integrantes de pueblos originarios, constantemente tienen que viajar a la Ciudad de México o trasladarse a la más cercana, que se encuentra en el estado de Chihuahua, para tratar los asuntos relacionados con sus comunidades.
“Por lo anterior, en aras de garantizar el pleno goce de sus derechos humanos, es que se debe implementar las medidas que faciliten el acceso a este sector de la población, a los servicios que proporciona el INPI, ya que es obligación de las autoridades no sólo proteger sus derechos, sino también garantizarlos”, subrayó. (EL HERALDO)
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