La tarde de este jueves, el Colectivo Furia Feministas de Saltillo entregó a medios de comunicación una circular en la que sus integrantes se pronuncian en contra de la ola de feminicidios que prevalece en México.
«Basta de agresores, basta de violencia contra nosotras las mujeres, basta de injusticias, basta de falta de oportunidades y basta de feminicidios», se lee en el comunicado.
En este orden, denunciaron que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de este 2022 más de 60 mil mujeres a nivel nacional han sufrido de algún tipo de violencia y que de enero a agosto de este mismo año al menos 500 han sido víctimas de feminicidio.
«Ante el panorama tan cruelmente atroz que enfrentamos las mujeres de nuestro país, la palabra ‘aferrarse’ se convierte en un tragaluz de esperanza. En un México en donde nos violan, nos desaparecen, nos queman, trafican nuestros cuerpos, desdibujan nuestros rostros con ácido, nos asesinan, nos descuartizan y nos tiran en bolsas de basura o nos arrojan en plena vía pública por el simple hecho de ser mujeres», manifestó Furia Feministas.
REPRUEBAN A TITULAR DE CNDH
El 7 de julio de este 2022, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, promovió una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de Yucatán elimine la Ley 3 de 3 Contra la Violencia que prohíbe principalmente que deudores alimentarios morosos puedan aspirar a un cargo público.
Ante esto, Furia Feministas se unió al reclamo de asociaciones y colectivos de todo México en defensa de las mujeres y sus hijos al coincidir en que la probabilidad de eliminar esta moción representa un retroceso social.
Aunado a lo anterior, las ciudadanas locales exigieron a Piedra Ibarra «su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al Senado de la República que de no presentarse la renuncia de la señora Piedra Ibarra, inicie el procedimiento para su destitución».
«A la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y contribuya al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho».
Cabe mencionar que, además de Yucatán, entidades como Coahuila, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México ya imposibilitan que deudores de pensión alimenticia puedan ocupar un cargo público de cualquier nivel. (OMAR SOTO / EL HERALDO)
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