CAPITALES

Las consecuencias de las reformas a la política energética de México

Después de que la contra reforma energética propuesta por López Obrador fue rechazada en la Cámara de Diputados, ¿Cuál es del futuro de la política energética de México? Hace más de un año, el Congreso mexicano modificó la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, revirtiendo el curso de las reformas que habían abierto el sector a la competencia y estimulado una considerable inversión extranjera en energía renovable. López Obrador defendió la propuesta al definirla como una garantía de la «soberanía energética» y fortalecer a la CFE; quienes se oponían a dicha medida mencionaron que haría a México menos competitivo, disuadiría la inversión y dañaría el medio ambiente.

Entre otras disposiciones, la ley cambiaba el orden en que las plantas generadoras abastecen la electricidad a la red nacional. En lugar de dar prioridad a la energía de menor costo primero, la nueva ley favorecería la generación de energía de una planta propiedad de CFE que quema combustibles fósiles, la cual se despacharía antes que la energía eólica o solar más barata y menos contaminante generada por empresas privadas. La ley propuesta se encontró con una serie de desafíos legales y fue suspendida por un tribunal casi de inmediato.

Sin embargo, ese fallo no resolvió todos los casos judiciales. Ahora que la ley ha superado la prueba constitucional, los tribunales tendrán que abrirse camino a través de muchos otros desafíos legales pendientes, incluidos los presentados por empresas privadas e inversionistas del sector energético. La revista Forbes México mencionó en un artículo que los tribunales mexicanos habían otorgado aproximadamente 200 solicitudes de medidas cautelares, suspendiendo temporalmente la aplicación de la ley hasta que se resuelvan dichos casos.

En este sentido, las reacciones no se hicieron esperar. El Washington Post, en un editorial titulado «El Congreso de México defiende el sector energético», calificó la votación como «una derrota muy merecida» que hubiera tenido consecuencias «para toda América del Norte y, de hecho, para el mundo en caso de haber prosperado.»

La reacción del presidente López Obrador a la votación fue rápida y llena de furia. Dijo que los legisladores que habían votado en contra de la reforma constitucional habían cometido «un acto de traición a la patria» en lugar de defender los intereses del pueblo, dijo, habían defendido los intereses de las empresas extranjeras y los «intereses oligárquicos» corruptos. “Esto no se ha terminado, es apenas el principio”. De manera amenazante comentó en la mañanera posterior a la votación.

El hecho es que han transcurrido casi cuatro años en los que hay total incertidumbre sobre lo que va a suceder. En un momento en que los países necesitan energía eficiente y limpia y los precios de los combustibles fósiles son altos, la actual administración ha seguido socavando la inversión en energía renovable. Al final, ¿quién se ve perjudicado con todo esto? El pueblo mexicano y el medio ambiente.

Las empresas que ya han invertido en proyectos de energía en México no tienen certeza de lo que sucederá. Por un lado, esperan que los tribunales fallen a su favor y puedan continuar con sus proyectos, pero por otro lado no se ve que esto vaya a suceder en el corto plazo y de ser así, el gobierno federal muy probablemente continúe negando o retrasando los permisos correspondientes para que las empresas puedan iniciar operaciones. Aunque el gobierno ha dado diferentes razones para denegar o retrasar tales permisos esta situación solo se suma a la incertidumbre existente. En este sentido, si el gobierno continúa con estas prácticas, va a causar un daño real donde se tendrá que resolver en tribunales internacionales y que le causará al gobierno de México muchos dolores de cabeza.

Twitter: @pacotrevinoa