LA REVALORIZACIÓN DE EL PODER LEGISLATIVO: EL PODER DEBE FRENAR AL PODER

 

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país.

Ambas Cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. Esto se logra a través del proceso legislativo.

El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos que se realizan para la formación de leyes, reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los ordenamientos jurídicos secundarios.

 

Pero ¿cuál es el espíritu de tal poder? Aquí una referencia: Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, contribuyó de forma original a la teoría social y política. Su tratado “El espíritu de las leyes”, es producto de 20 años de trabajo. En apariencia se trata de un trabajo jurídico, aunque rebasa mucho este límite para considerar todos los aspectos del comportamiento humano, así como, cuestiones filosóficas acerca de los méritos respectivos de los distintos tipos de legislación.

Al abordar, en su libro XI, capítulo seis, el tema de la constitución de Inglaterra, Montesquieu toma los principios sustentados por Locke en el “Ensayo sobre el Gobierno Civil”. Aunque va más allá, al distinguir claramente entre el poder ejecutivo (que incluye la política exterior), el legislativo y judicial. La estricta separación del primero con los demás es, según Montesquieu, condición necesaria para la libertad. Cuando el poder legislativo se identifica con el ejecutivo la libertad desaparece, señala; tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo. El poder debe frenar al poder, agrega. Pero ¿puede un gobierno así constituido actuar de forma efectiva? Montesquieu afirma simplemente que lo hará, porque tiene que hacerlo.

En función de que en un Estado libre todos deben estar gobernados por sí mismos, es necesario que cuenten con representantes en el poder legislativo por lo que “lo conveniente es que cada lugar tenga su representante elegido por los habitantes del lugar”. “El pueblo no debe tomar parte en la gobernación de otra manera que eligiendo sus representantes, cosa que está su alcance y puede hacer muy bien”.

Para Montesquieu el poder ejecutivo debe estar en manos de uno solo, por ser una función de gobierno que exige casi siempre una acción momentánea y está mejor desempeñado por uno que por varios; en cambio lo que depende del poder legislativo lo hacen mejor algunos que uno solo.

El poder legislativo, en un Estado libre, no debe inmiscuirse en las funciones del ejecutivo ni paralizarlas, pero tiene el derecho de examinar de qué manera las leyes que ha hecho han sido ejecutadas. Estos tres poderes “se neutralizan produciendo la inacción, pero impulsados por el movimiento necesario de las cosas, han de verse forzados a ir de concierto”.

De esta forma Montesquieu concibe la necesaria división de poderes como la fórmula ideal de un buen gobierno, constituyéndose en el teórico fundamental de la teoría del equilibrio de poderes, que es la columna vertebral de las constituciones que sustentan a la mayoría de los gobiernos del corte social demócrata de la actualidad.

Situada en su contexto histórico, la obra de Montesquieu, a la vez que nos brinda elementos claves de la comprensión de la administración pública de su época, nos dan fundamentos explicativos para entender fenómenos actuales como es el caso de la división de poderes, y la actual discusión en México sobre los contrapesos del poder ejecutivo y en el caso específico el de la iniciativa de reforma eléctrica que pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

La reforma modificaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar una serie de artículos transitorios. Además, derogaría la reforma energética de 2013, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Importante es anotar además que, en México, buscar un cambio en la Constitución, en este caso aprobar la reforma eléctrica, requiere mayoría calificada, es decir, tres cuartas partes de los asistentes al pleno, de forma que Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, requieren votos de la oposición.

Este domingo 17 de abril inició la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, independientemente del curso que tome y sus resoluciones, la gran lección y enseñanza para los mexicanos es la revalorización del poder legislativo como contrapeso ante el ejecutivo.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

josevega@nuestrarevista.com.mx