La situación energética de México de acuerdo a la Secretaria de energía de Estados Unidos
La reciente visita de la secretaria de energía de Estados Unidos Jennifer Granholm a nuestro país deja en claro la posición de la administración Biden respecto a la política energética de México. Si bien es importante señalar que la soberanía de cada nación depende solamente de las políticas internas, los tratados comerciales y de cooperación son acuerdos entre países que se rigen también por arbitrajes internacionales donde se deben de considerar puntos de acuerdo que afecten a los países participantes, y que buscan un bien común.
La secretaria Granholm manifestó abiertamente la preocupación de nuestro país vecino respecto a la reforma energética impulsada por el presidente López Obrador, donde determina que existen impactos negativos para la inversión privada de Estados Unidos en México. La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos en materia de energía limpia y situación climática. Manifestó que es importante mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a los países de América del Norte.
“México ha sido bendecido con abundancia de recursos naturales, que le permiten contar con un gran potencial para la generación de energía renovable, que podría impulsar su crecimiento 10 veces más, creando importantes fuentes de empleos bien remunerados y desarrollar una industria de exportación extraordinaria orientada a un mundo que necesita energía limpia y soluciones energéticas. Hemos expresado nuestro entusiasmo por trabajar con el gobierno mexicano para avanzar en sus objetivos climáticos y hacer crecer una economía de energía limpia competitiva y diversificada. Entre otras prioridades, queremos explorar la colaboración en el desarrollo de la energía geotérmica, la integración de las energías renovables, la reducción del metano y la electrificación rural”, enfatizó la secretaria.
En este sentido, analistas internacionales de este sector han determinado que, de implementarse la reforma, México podría enfrentar desafíos de inversionistas extranjeros en virtud de sus tratados internacionales de comercio e inversión que permiten a los inversionistas iniciar un arbitraje directamente contra el gobierno. Por ejemplo, el recurso al arbitraje está disponible para los inversores de diez países que son parte del Tratado Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Los inversionistas extranjeros en el sector eléctrico mexicano deben evaluar si pueden buscar recursos arbitrales bajo los tratados de inversión de México y cómo los posibles litigios internos en México pueden afectar el acceso a esos recursos.
De manera similar, los inversionistas de Estados Unidos y Canadá podrían potencialmente presentar demandas de arbitraje bajo el Acuerdo del T-MEC, que proporciona protecciones mejoradas para ciertos inversionistas en el sector de «generación de energía». Los inversionistas estadounidenses y canadienses también podrían presentar reclamos potenciales en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que, aunque reemplazado por el T-MEC, conserva la opción para que los inversionistas inicien procedimientos de arbitraje para calificar inversiones «heredadas» hasta el 1 de julio del 2023. Asimismo, El TLCAN contiene excepciones específicas al sector energético que no están contenidas en el T-MEC que pueden afectar dichos reclamos.
Twitter: @pacotrevinoa
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