La revocación de mandato, ¿medicina o veneno?
Durante los últimos días se ha intensificado el debate con relación a la revocación de mandato promovida por el presidente y su partido. Una de las tensiones más evidentes ha sido el cuestionamiento de los opositores respecto a la auténtica contribución de este mecanismo para el fortalecimiento de la democracia, sobre todo frente a sus elevados costos y al origen partidista de la iniciativa.
Un mecanismo de control ciudadano en manos de un partido, asegura la oposición, podría convertirse en una válvula política que quita oxígeno a la democracia para canalizarlo en forma de sentimientos positivos a favor del presidente.
En las actuales circunstancias, quienes la rechazan, afirman que la amplia legitimidad de la que goza el mandatario anticipa con exactitud el resultado. Convirtiéndose, por lo tanto, en un ejercicio innecesario, cuyo objetivo político podría restar importancia a otros mecanismos de control democrático y contrapesos, como lo es la representación popular de los distintos partidos en el Congreso.
Los que están a favor de la revocatoria no concuerdan en lo absoluto con aquellos que, escudándose en el argumento económico y en las complejidades del procedimiento, desestiman el valor de la participación ciudadana para nutrir la legitimidad democrática, el juicio público y la rendición de cuentas.
Apoyándose en el enfoque del poder soberano que reside en el pueblo, la revocación, aseguran sus partidarios, hace valer el derecho ciudadano para exigir a los gobernantes un mejor desempeño.
La posibilidad de que este mecanismo democrático interrumpa el mandato de una autoridad electa, devuelve el poder a los ciudadanos. En consecuencia, el pueblo adquiere una garantía institucional para que los gobernantes cumplan sus promesas de campaña y, en general, actúen de acuerdo con las expectativas formadas en torno a los cargos para los que fueron electos.
Como podemos observar, el debate resulta intrigante. Sin embargo, a pesar de las precisiones de los analistas políticos, la pregunta sigue abierta: ¿en las actuales circunstancias, activar el mecanismo de la revocación de mandato fortalece o quita oxígeno al desarrollo democrático del país?
A estas alturas del procedimiento, cuando el INE ya validó las firmas recolectadas por Morena, conciliar los puntos de vista resulta una misión imposible y ociosa. Sin embargo, con el propósito de contribuir al debate, recomiendo un texto, que a su vez me fue recomendado por un destacado politólogo mexicano. El material es un garbanzo de a libra en los análisis sobre las distintas experiencias de la revocación de mandato en países latinoamericanos.
Me refiero al libro «La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria de mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza», coordinado por Yanina Welp y Uwe Serdült, publicado en 2014 por el Instituto de la Democracia de Ecuador.
Para los autores, la revocación, entendida como un mecanismo de democracia directa activada “desde abajo” por la ciudadanía para consultar sobre la interrupción del mandato de una autoridad electa, ha sido utilizada desde hace décadas en distintos países, bajo diferentes formatos y obteniendo resultados diversos en el fortalecimiento de sus sistemas representativos.
Se analizan los casos de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina y Cuba. Para efectos de política comparada, abordan también los mecanismos implementados en economías desarrolladas y democracias consolidadas como la de Estados Unidos y Suiza.
Entre el universo de casos encontramos un común denominador: en términos generales, el mecanismo de revocación de mandato se activa en democracias débiles o sistemas políticos decadentes, en momentos en los que no funcionan otros contrapesos al poder.
Frente al agotamiento del sistema democrático, reflejado en un creciente desencanto ciudadano hacia al trabajo de sus gobernantes, la revocación de mandato se convierte en un instrumento que puede fortalecer la democracia.
No obstante, para que el mecanismo tenga éxito en la solución de crisis o prevención de conflictos, el contexto tendría que caracterizarse por una clara existencia de actos de corrupción que no son perseguidos, incumplimiento evidente de las promesas de campaña y la ausencia de instrumentos institucionales para el control democrático y la rendición de cuentas.
Quizás es por ello que en democracias estables y consolidadas, por ejemplo la Suiza, el mecanismo no es tan popular como se esperaría. Siendo que los instrumentos de representación política y control democrático funcionan a la perfección, la revocatoria se vuelve innecesaria.
Las conclusiones a las que llegan los autores provocan plantearnos la siguiente pregunta: ¿si se reconoce que, por primera vez en la historia de México, la democracia funciona para combatir la corrupción, se gobierna escuchando a la gente y la autoridad federal goza de la más amplia legitimidad y respaldo popular que se recuerde, entonces qué sentido tiene activar el mecanismo para la revocación de mandato?
En ocasiones, cuando no se está enfermo, ingerir un fármaco podría convertirse en veneno.
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