Durante la octava sesión del Segundo Período Ordinario del Congreso local, la diputada del PRI, Martha Loera Arámbula, presentó una iniciativa por la que se adiciona una fracción IV al artículo 2779 del Código Civil para el Estado de Coahuila, en materia de protección del patrimonio de las personas con discapacidad y adultas mayores.
La iniciativa menciona que, de acuerdo con la investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Graciela Casas Torres, “el despojo patrimonial no es el único abuso que se comete contra personas mayores, pero sí el más doloroso, porque es perpetrado por la familia, en la mayoría de los casos por los propios hijos”. Por otro lado, la violencia patrimonial y económica también afecta a las personas con discapacidad, sobre todo a las que adquieren esa condición después de algún accidente, pues al ya no poder realizar por si mismas todas sus actividades, en algunos casos sus familiares u otras personas cercanas se apoderan de sus bienes o los despojan de ellos abusando de su condición.
Por ello, la propuesta busca la protección tanto para adultos mayores como a las personas con discapacidad que, al ser también un grupo en situación de vulnerabilidad, necesitan de una protección reforzada del marco normativo, añadiendo un supuesto al artículo 2779 del Código Civil del Estado, para que la revocación de las donaciones por causa de ingratitud se aplique también en los casos de violencia, abandono y negación de alimentos por parte de los familiares, sin que necesariamente exista una sentencia en materia penal que confirme un delito.
El proyecto de iniciativa explica que muchas de las personas con discapacidad y adultos mayores no se atreven a denunciar a sus propios familiares no sólo por miedo o amenazas, sino que en muchos casos no lo hacen simplemente por el sentimiento de amor o cariño hacia ellos. Es por esta causa que la norma debe flexibilizar las causales de revocación por ingratitud sin obligar a los donantes a interponer acciones penales en contra de sus familiares, pero garantizando que estas se puedan tramitar por la vía civil.
“En esos términos, consideramos que la propuesta de reforma al Código Civil que hoy traemos a su consideración cumple con el objetivo de reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad como son las personas con discapacidad y los adultos mayores, otorgándoles mecanismos legales que les permitan salvaguardar su patrimonio” detalla la diputada Martha Loera en la iniciativa presentada. (EL HERALDO)
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