Ciudad de México.- La senadora de Morena, Eva Eugenia Galaz Caletti, presentó una iniciativa para evitar que niñas, niños y adolescentes, sean obligados a convivir con progenitores que los violentan o que están acusados en un proceso penal por violencia sexual o familiar.
Cimacnoticias publicó que en la iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, se explica que la violencia en la familia suele presentarse desde la primera infancia a manos de padres o cuidadores, lo cual puede afectar el desarrollo de las y los menores de edad.
Según el documento, la pandemia por COVID-19 dejó ver la relevancia de la violencia en el hogar, la cual afecta de manera adversa a las mujeres. Esto sucede porque las medidas de aislamiento para evitar la propagación del virus generaron tensión en los hogares y desempleo y subempleo.
De acuerdo con la senadora, es necesario legislar para hacer más estrictos los controles de convivencia con los padres que están acusados o sentenciados por violencia familiar. “No podemos permitir que los agresores sigan teniendo un régimen de convivencia con sus víctimas, mucho menos si han sido sentenciados por ello”, se lee en el documento.
La propuesta, inscrita este 5 de septiembre, es reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que en las órdenes de protección, de naturaleza civil, se considere la suspensión definitiva del régimen de visitas y las comunicaciones con los progenitores, en caso de que niñas y niños sean violentados.
En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes también se buscará establecer que no podrá existir un régimen de convivencia entre menores de edad y sus padres si éstos últimos se encuentran en un proceso penal o si ya recibieron una sentencia por violencia familiar.
Además, en el caso del Código Penal Federal, la propuesta es que a la pena impuesta por el delito de violencia familiar, que va de seis meses a cuatro años de prisión, se le agregue la suspensión de visitas, convivencia o comunicaciones con la infancia afectada. La reforma debe ser analizada en comisiones para ser votada. (CIMACNOTICIAS)
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