El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2022 contempla una reducción de recursos en áreas de la Secretaría de Gobernación dedicadas a promover y dar protección a los derechos humanos de diversos sectores de la población.
La Segob —cuya titularidad asumió recientemente el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López— destinará menos recursos para atender sus facultades de dar refugio a migrantes, combatir la discriminación, erradicar la violencia contra las mujeres o atender los derechos de la infancia.
Una comparación entre el gasto aprobado este año y el PPEF 2022 demuestra que la dependencia, en años pasados considerada una ‘supersecretaría’, aplicó recortes presupuestarios en materia de derechos humanos, y que, en el mejor de los casos, ejercerá prácticamente el mismo gasto que este año.
Para elaborar la comparación, usando esta calculadora desarrollada por Fundar, Animal Político aplicó un deflactor al gasto aprobado para 2021, procedimiento que consiste en añadir el valor de la inflación al presupuesto, a fin de “actualizarlo” a precios de este año y poder compararlo con el proyecto de 2022. Este procedimiento permite ver en qué casos hubo una reducción presupuestal en términos reales, aun cuando, en números absolutos, parezca que existió un incremento.
Uno de los casos más destacables es en el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que, en términos reales, sufrió un recorte, en medio de la crisis migratoria en la frontera sur ante la llegada masiva de personas que huyen de la violencia en sus países.
En el PEF de 2021, este órgano tuvo un presupuesto aprobado de 44 millones 427 mil 552 pesos; para el próximo año, se propone que tenga un gasto de 45 millones 667 mil 372 pesos, lo que supone una reducción de 0.58% en términos reales.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que no tiene titular desde hace más de un año, pasará de tener un presupuesto de 138 millones 262 mil 478 pesos en 2021 a 142 millones 742 millones 448 pesos, un recorte en términos reales de 0.15%.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que tampoco tiene titular desde febrero, tendrá en 2022 un recorte a su gasto en términos reales del 1.8%, al pasar de 68 millones 684 mil 001 pesos asignados para este año a 69 millones 926 mil 313 pesos.
Otra área de Segob con recorte drástico en términos reales será la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que este año ejerció un gasto de 14 millones 942 mil 762 pesos y para 2022 se propone un presupuesto de 12 millones 800 mil 348 pesos, una reducción real de 17.1%.
La Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil tendrán el próximo año un presupuesto conjunto de 19 millones 568 mil 495 pesos, una reducción de 8.08% respecto de los 20 millones 589 mil 952 pesos que ejercieron este 2021.
Aumentos mínimos
En medio de una escalada de los feminicidios en la actual administración, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) —que tiene la facultad de declarar Alertas de Violencia de Género en estados y municipios— tendrá en 2022 un presupuesto de 310 millones 451 mil 545 pesos, apenas 0.02% mayor en términos reales que lo asignado para este año, que fue de 300 millones 164 mil 164 pesos.
La Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas (CNB) también tendrá un aumento presupuestal marginal, a pesar del hecho de que en el actual gobierno ha continuado la epidemia de desapariciones y el rezago en la identificación de restos.
Esa área, que está adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que dirige Alejandro Encinas, ejercerá en 2022 un gasto de 747 millones 427 mil 389 pesos, un 0.34% mayor en términos reales que los 720 millones 396 mil 562 pesos que tuvo para este año.
La propia subsecretaría de Encinas tendrá un mínimo aumento presupuestal real de 2.3%, al pasar de 35 millones 867 mil 139 pesos asignados para 2021 a 37 millones 948 mil 945 propuestos para el próximo año.
En plena crisis migratoria en la frontera sur, el Instituto Nacional de Migración (INM) tendrá un aumento presupuestal real de 0.29%, al pasar de tener un gasto de 1 mil 603 millones 050 mil 997 pesos a uno de 1 mil 662 millones 450 mil 084 pesos para 2022.
La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos ejercerán en 2022 un gasto conjunto de 176 millones 434 mil 140 pesos, un monto 3.1% mayor en términos reales que su presupuesto de este año, que fue de 171 millones 021 mil 438 pesos.
La única área que registró un aumento significativo en su gasto —de 55.6%—, en medio del alza a las agresiones a periodistas y activistas, fue la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que pasó de ejercer un presupuesto este 2021 de 241 millones 383 mil 873 pesos a un gasto proyectado de 388 millones 583 mil 860 pesos. (ANIMAL POLÍTICO)
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