A un año de haber iniciado el juicio contra Emilio Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó otra investigación que involucra al ex director de Pemex en nuevas transacciones de Odebrecht de posible lavado de dinero, desvío de fondos públicos y sobornos en 6 estados del país mediante una red de empresas fachada.
El rastreo financiero de la UIF identificó operaciones sospechosas por 3 mil millones de pesos que involucran a la constructora brasileña.
Una porción de ese dinero fue dispersado con el apoyo de una red de diez empresas fantasma que Odebrecht utilizó en México para ocultar las operaciones de su departamento de sobornos. El dinero irregular fue sacado por personas físicas identificadas como “operadores pitufos” en cientos de pequeñas transacciones en bancos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
La UIF detectó que esta red fantasma también transfirió grandes sumas de dinero a cuentas en Singapur, Malasia y Panamá, entre otros destinos en el extranjero.
Con el resultado de esta nueva investigación, la UIF prepara una nueva denuncia contra Lozoya, a quien acusan de “comisión por omisión”, porque una parte de los fondos dispersados por Odebrecht se presume provenían de contratos con Pemex.
La dispersión del dinero
De acuerdo con el esquema trazado por la UIF, Odebrecht ocultó sobornos y/o el desvío de fondos públicos a través de transferencias a cuentas de un despacho tamaulipeco y de una empresa de Veracruz.
El despacho y la empresa, a su vez, dispersaban el dinero a otras compañías de una red fantasma, como un mecanismo de perder el rastro del destinatario final.
Con frecuencia el dinero se triangulaba entre tres o más empresas fantasma. Por ejemplo, Bloodsucker Company de México transfirió fondos a Bathymetry y ésta empresa a su vez los pasó a Taskmistress.
El dinero fue dispersado entre 2010 y 2017 en cientos de transacciones, por montos pequeños, para evitar sospechas.
Un caso que ilustra lo anterior es el de Bloodsucker Company de México, que dispersó 57 millones de pesos en 235 operaciones bancarias en Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. En cada operación se extrajeron, en promedio, 242 mil pesos.
La empresa fantasma Bathymetry Company transfirió otros 181 millones de pesos en 318 operaciones en Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México.
Mientras que Taskmistress Company diseminó 141 millones más en 118 movimientos bancarios en los estados de Veracruz, Nuevo León y la Ciudad de México.
Damorsa y Outsized -otras dos empresas de la red fantasma- están identificadas con el traspaso de más de 400 millones de pesos, pero la UIF no precisó los estados por los que transitó ese dinero.
La UIF también encontró que la red fantasma había sido utilizada para transferir fondos al extranjero.
Blunderbuss envió al menos 3 millones de dólares a una cuenta en Panamá de Constructora Internacional del Sur, empresa fachada utilizada por Odebrecht para ocultar sobornos a políticos en latinoamérica.
Mientras que Accelerator Company de México envió 38 millones de pesos a Singapur y un despacho contable de Tamaulipas un millón de dólares a Malasia.
La UIF identificó traspasos a Beau HLB Singapore Pte. Ltd., un despacho especializado en crear fideicomisos en el extranjero, así como a Deauville Con. Pte. Ltd., una firma establecida en 2011 en Singapur.
Confirman revelaciones de MCCI
Las empresas fantasma que la UIF detectó que fueron utilizadas para dispersar el dinero son las mismas que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en una serie de investigaciones difundidas hace cuatro años, entre junio y septiembre de 2017.
En aquellos reportajes, MCCI publicó estados de cuenta bancarios que mostraron que dos compañías offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos en distintos países de América Latina habían utilizado a Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma creada en el estado de Veracruz, para la triangulación de 6 millones 112 mil dólares entre junio de 2009 y febrero de 2011.
Los beneficiarios de esas transferencias son todavía un enigma para las autoridades. Sólo existen indicios de que 850 mil dólares fueron para financiar las campañas electorales del PRI en Veracruz y en Tamaulipas.
Este dinero es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.
Blunderbuss -la empresa fantasma utilizada para triangular los sobornos- fue creada el 3 de junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada. En el acta aparecen como supuestos dueños el empleado de una gasolinera, de 29 años, residente en un callejón de la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica, y un vendedor de seguros, de 66 años, que vive en Papantla, Veracruz.
Los presuntos dueños de Blunderbuss participaron, junto con vecinos y familiares, en una red de nueve compañías ‘de gaveta’ o ‘de papel’, que comparten apoderados legales y los mismos objetos sociales, pero que carecen de actividad comercial visible, instalaciones, infraestructura y personal.
Las otras empresas de esta red, reveladas por MCCI, se llaman Taskmistress, Accelerator, Outsized, Bloodsuckers, Bathymetry, Adding Machine, PLC Servicios y Damorsa Company de México, todas declaradas definitivamente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “factureras” o simuladoras de operaciones.
El pasado 9 de diciembre de 2020, Quinto Elemento Lab reveló que hay una décima empresa fantasma de esta red: Construcciones Joint Venture, fundada en Tuxpan, Veracruz, y que en 2009 recibió la transferencia de 1.8 millones de dólares de una empresa offshore de Panamá utilizada por Odebrecht para ocultar sobornos.
Comprueban vínculo con despacho tamaulipeco
Las investigaciones de MCCI evidenciaron que detrás de esta red fantasma estaban dos despachos contables y fiscales de Tamaulipas, lo cual también fue corroborado por la UIF.
Incluso, la dependencia federal descubrió que uno de los despachos participó en la triangulación con Odebrecht de más de 5 millones de dólares y 149 millones de pesos, a partir de agosto de 2010.
MCCI había anticipado información sobre estos pagos en un reportaje publicado el 27 de junio de 2019, como parte del proyecto transfronterizo “División de Sobornos” realizado en conjunto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Tras revisar más de 13 mil documentos extraídos de la plataforma secreta de comunicaciones de Odebrecht, conocida como Drousys, MCCI encontró dos facturas por dos millones de dólares en las que aparecía el nombre de un despacho de Tamaulipas que había fungido como intermediario en dos obras hidráulicas ejecutadas por Odebrecht en Ecuador.
En la misma plataforma del departamento de sobornos de Odebrecht aparecieron supuestos pagos por 4 millones 880 mil dólares que involucran a PLC Servicios, una empresa oficialmente declarada fantasma por el SAT, que entre 2013 y 2018 recibió contratos públicos por 180 millones de pesos en el gobierno federal, el Estado de México y en Coahuila.
Creada el 13 de diciembre de 2010, PLC Servicios tenía como accionista y administrador único a Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador, quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho tamaulipeco ligado a Odebrecht.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya sirvió como consultor de Odebrecht desde 2009, y fue por su intermediación que el entonces director de la constructora brasileña, Luis Weyll, se acercó a financiar en 2010 la campaña de Javier Duarte en Veracruz, con una aportación de 500 mil dólares, y de Rodolfo Torre Cantú, en Tamaulipas, con 350 mil dólares.
En la acusación de la FGR, formalizada en el juicio contra Lozoya, se menciona que en retribución por el apoyo a su campaña, Duarte le asignó directamente a Odebrecht la concesión para construir una presa en la cuenca del río Los Pescados. Para ello, el gobierno veracruzano creó la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SAPI de CV, en la que aportaría 355 millones de fondos públicos.
En la administración de esta empresa mixta participó uno de los despachos tamaulipecos involucrado en la creación de la red fantasma utilizada para el traspaso de sobornos de Odebrecht. (Raúl Olmos/Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
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