Rancherías, Municipio de Múzquiz. – Siete trabajadores mineros quedaron atrapados al inundarse la galería subterránea de una precaria mina de carbón explotada por la empresa Micarám, operación que había sido denunciada con anterioridad ante la Secretaría del Trabajo por la total falta de condiciones de seguridad en que operaba.
De acuerdo a los señalamientos de trabajadores sobrevivientes, un fuerte caudal de agua ingresó a la galería cuando, ante la falta de información técnica, perforaron un cañón inundado de la antigua mina Evaristo, hoy fuera de operación.
Un informe preliminar del personal involucrado en el rescate indica que las dos galerías inclinadas con que cuenta la cueva de arrastre están llenas de agua, lo mismo una mina aledaña conectada a ella explotada por Carkim, que a su vez está recibiendo un importante caudal de un viejo tajo inundado, lo que complica al extremo y prolonga sin pronóstico de tiempo la labor de desagüe.
El siniestro ocurrió aproximadamente a las 10:45 horas y dado que el lote conocido como” El Menor” carece de electricidad y comunicación, fue reportado al mediodía a las autoridades de Protección Civil y Secretaría del Trabajo, quienes solicitaron el apoyo inmediato del cuerpo de rescatistas de Minera del Norte Unidad Mimosa, que movilizó bombas y generadores para iniciar el desagüe de la mina.
Según los primeros informes, la concesión minera está registrada por el Servicio Geológico a nombre de Miguel Sepúlveda, que la habría rentado a Eduardo Rubén Morales, quien aparece como propietario de la mina, cuya operación está a cargo del contratista Genaro Nájera.
La cueva no cumple mínimos requerimientos de seguridad, carece de manifiesto de impacto ambiental, su estructura general está hecha de madera deteriorada, no cuenta con sistema de ventilación y los trabajadores laboran en condiciones deplorables.
De acuerdo con lo publicado por INFONOR en anteriores informaciones sobre los pedidos de carbón adjudicados por Manuel Bartlett desde la Comisión Federal de Electricidad, Micarám no recibió directamente contrato, pero entrega su carbón a la CFE a través de las empresas Carkim Industrial y Rodamientos y Equipos de Coahuila, del mismo Eduardo Morales, que sí lo tienen.
En las fotografías publicadas acompañando la denuncia sobre las condiciones de inseguridad en las minas que consideraba la CFE como proveedoras, se mostraba la carencia de equipamiento de los obreros de Micarám, que utilizaban incluso tenis y bebían cerveza en las propias instalaciones, situación que en su momento la Organización Familia Pasta de Conchos puso en conocimiento de la STPS.
En octubre fueron denunciadas las condiciones en que operaba la mina en la que hoy ocurrió el accidente.
Lo mismo se pudo constatar ahora en el lugar del siniestro, con instalaciones en mal estado, carente incluso de una camilla, con trabajadores sin equipo mínimo como mascarillas, usando calzado inapropiado, cobertizos de madera insalubres para dejar sus pertenencias y carente de abasto de agua para uso del personal.
El propio propietario de la mina, Eduardo Morales, tiene historia de irregularidades en la operación de yacimientos con siniestros mortales, como el ocurrido el 25 de julio de 2012 por inundación en un pozo en La Florida en que fallecieron 7 trabajadores. Lo explotaba a través de la empresa Refacciones y Equipos de Sabinas, a la que después de ser sancionada y vetada por dicho siniestro cambió a dicho Rodamientos y Equipos de Coahuila.
No es distinta la situación de otros privilegiados con pedidos, como las minas explotadas por la familia de Tania Flores, actual candidata de Morena a la alcaldía de Múzquiz, operaciones que presentan las mismas irregularidades y sin embargo, recibió los mayores contratos de carbón adjudicados por la CFE de Manual Bartlett, con 2 millones de toneladas.
Consultada sobre los hechos, Cristina Auerbach, de Familia Pasta de Conchos, señaló que pese al compromiso de “no repetición” asumido por el actual gobierno federal con las
familias, la situación de corrupción y encubrimiento de ilegalidades se mantiene, el personal de la Secretaría del Trabajo carece de los recursos mínimos para una efectiva labor de control y sanción “y los siniestros con pérdida de vidas se siguen presentando”.
“Justificaron la entrega de concesiones como política social, pero advertimos que si no se acompañaba de una efectiva supervisión se volvería a la misma inseguridad e ilegalidad de siempre, y allí están ahora los lamentables resultados”, expresó. (FÉLIX RODRÍGUEZ |INFONOR)
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