OMBLIGO DE LA SEMANA

¿Seremos vulnerables?

“Obligados a entregar datos biométricos”

El pasado sábado 17 de abril entro en vigor el decreto para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga a los usuarios de telefonía móvil celular a entregar la información personal a las compañías que dan el servicio, incluyendo los datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris. El nuevo padrón entrará en vigor durante 2022.

Será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien se encargue de integrar el nuevo padrón que obligará a 124 millones de usuarios celulares a entregar información sensible como son los datos biométricos. Y de esa cifra, el 85% usa la modalidad prepago, tarjetas SIM que, en general, se pueden conseguir sin ningún tipo de documentación.

Cada línea nueva en su activación o ya en uso deberá facilitar el número telefónico, la fecha y hora de activación; el nombre completo del usuario o razón social, en caso de ser persona moral.

También deberá facilitarse la nacionalidad y la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea. Además, deberá indicarse si la línea celular fue contratada en modalidad de pospago o prepago.

Pero cuanto nos costará a los mexicanos esta nueva versión y la creación de una área que requerirá un presupuesto inicial de 109 millones y 88 millones posteriores, la creación de 150 nuevas plazas, que significan 150 millones de pesos, en total el programa costaría 700 millones de pesos.

En el 2009 se creó el RENAUT, el cual buscaba vincular cada línea telefónica con el CURP, pero este fue eliminado en el 2011, ya que los delitos en telefonía móvil seguían a la alza, además de que la base de datos se filtró y vendió, es decir fue hackeada. De igual manera ahora se busca la eliminación de delitos por vía telefónica, lo que incrementará la venta en el mercado negro de tarjetas SIM.

Ante la incertidumbre muchas personas han decidido ampararse ante la nueva ley, algunos abogados han señalado que esta nueva ley viola diversos derechos como la discriminación, además de condicionar el uso de las telecomunicaciones a la filiación a un padrón.

De inicio esta ley vulnera los datos personales, el principio de presunción de inocencia, el objetivo es frenar los delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro que se cometen mediante el uso de teléfonos celulares; que dejan ganancias a la delincuencia organizada hasta por 12 mil millones de pesos anuales. Según dicen, gracias al padrón podrán identificar a quienes están detrás de cada línea telefónica; ¿pero ¿qué sucederá con aquellos que les clonaron sus datos personales, aquellos que les clonaron sus accesos biométricos en su móvil?

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el padrón es un “coctel” de violaciones a la Constitución, una suma de afectaciones a diversas garantías, por lo que habrá acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo de muchos usuarios, porque hay retroactividad de la ley, ¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, o en 30 días te van a cancelar la línea”, recalcó.

En redes sociales son más los que rechazan la medida que quienes la defienden, y de hecho la han calificado como autoritaria. En la actualidad, al menos 17 países recopilan datos biométricos para el registro de las tarjetas SIM. Entre ellos están Emiratos Árabes, China, Arabia Saudita, Venezuela, y Tailandia; países que el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral calificó como regímenes autoritarios.

El gobierno Federal cuenta con herramientas de tecnología avanzada con las que puede investigar los delitos de telefonía, pero se ha visto rebasado por la incompetencia de un Presidente que desea resolver las cosas “con otros datos”.

Se sabe que la la mayoría de la extorsión telefónica sale de los penales, pero no van por los teléfonos en los penales, no cancelan la señal de telefonía en los penales, ni siquiera debería de existir señal en los penales, pero el negocio hacia el interior es muy jugoso, basado en la corrupción, la colusión de autoridades y funcionarios de las mismas empresas operadoras.

Estimado lector, ¿ya pensó bien en los grandes alcances, incluidas votaciones que pueden estar astros de esta ley? ¿Cree usted que se resolverá el problema o se incrementará?, ¿acaso usted está preparado para entregar su base de datos o buscará un amparo? Estas son las preguntas que se escuchan en reuniones y oficinas con respecto a si seremos vulnerables a la delincuencia o al propio gobierno.

 

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