El proceso de vacunación contra el coronavirus, que de inicio se contaminó con la obsesión presidencial de buscar un rédito electoral, se ha vuelto un caos porque, por sobre las prioridades y procedimientos sugeridos por el “Grupo Técnico Asesor en Vacunas”, se van dando bandazos según el estado de ánimo del Presidente y aunado a ello la operación se ha dejado en manos de las estructuras clientelares de la Cuarta Transformación, marginando a las instituciones que por décadas han llevado las campañas de vacunación en el país, y entonces cada delegado “del Bienestar” actúa a como Dios le da a entender, teniendo casos en que hay capacidad y el proceso es organizado y ágil, como Nuevo León, y otros en que predominan la cerrazón y torpeza, como ha ocurrido en Torreón y Saltillo.
El gobierno mexicano tiene una “Política Rectora de Vacunación contra Covid-19”, elaborada por el mencionado Grupo Técnico Asesor, conformado por expertos en materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, que elaboraron una estrategia basada en estudios, información y criterios establecidos a nivel internacional.
Los dos principales objetivos planteados en esta estrategia son vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19, y reducir el número de hospitalizaciones y muertes.
De acuerdo con las estimaciones del Grupo Técnico, un primer objetivo de la Estrategia de Vacunación debe ser proteger a las personas más susceptibles; vacunando al 20% más susceptible se puede lograr una reducción de aproximadamente 80% en la mortalidad y una disminución muy considerable de las hospitalizaciones, lo que permitiría la reapertura de las actividades socioeconómicas con un menor riesgo para las personas.
A partir de ello se establecieron los ejes de priorización, poniendo en primer lugar al personal sanitario; en seguida a población de 50 años y más; para seguir con personas con comorbilidad; después el personal docente; siguiendo con el grupo de 40 a 49 años de edad, y finalmente el resto de la población con 16 años o más.
En la priorización para el personal de salud, se les clasificó en tres categorías de acuerdo con su riesgo y nivel de exposición al virus, y no solo se contempla a profesionales de la medicina sino también a quienes tienen potencial exposición, como enfermeras, técnicos, laboratoristas, camilleros, intendentes, operadores de ambulancias y de comedores, e incluso trabajadores sociales.
El personal de salud, de acuerdo con la Política Rectora, sería vacunado en la etapa 1, los de primera línea, y el resto en la etapa 2, junto con los mayores de 60 años.
El documento es claro, contundente, lógico y elaborado por profesionales, pero resulta que también es letra muerta.
Nunca la Política Rectora discrimina entre personal de salud de instituciones públicas y privadas, pues desde luego que el virus tampoco discrimina y el riesgo es el mismo para unos que para otros.
En el personal de salud de segunda línea de atención, que ya debería estar vacunado según la estrategia oficial, se incluye a quienes tienen contacto con pacientes que no son sospechosos de covid pero pueden estar en un momento pre-sintomático, esto incluiría a dentistas, oftalmólogos, y todos los diferentes especialistas que hay y a los que también se ha marginado.
No hay una cobertura completa aún en las fases uno y dos, miles de médicos no han sido vacunados y aún no se termina tampoco con los mayores de 60 años, y el Presidente ya ha ordenado que se brinquen la fase tres para entrar a la cuatro, es decir a la de personal docente, con quienes iniciarán, según se asegura, el martes próximo.
El argumento es que la vacunación de los maestros permitiría el retorno a las aulas, pero esto tiene también un tufo de jugada electoral, parecería que la 4T quiere congraciarse con el Magisterio para utilizar esa maquinaria electoral que en el pasado ha servido al PRI y al PAN, o al menos neutralizarla.
Con las semanas que faltan para el fin del ciclo escolar, se ve bastante complejo que en realidad vaya a haber un retorno a las aulas, entonces bien podría vacunarse a los maestros en el verano, para regresar en agosto o septiembre, y mantener la vacunación de acuerdo a los criterios originales, es decir priorizando a población en riesgo.
Se está dejando de lado, además de a los médicos privados, a quienes, siendo menores de 60 años, tienen comorbilidades y por tanto mayor riesgo, ya sea por obesidad mórbida; diabetes; hipertensión; enfermedades pulmonares; asma, enfermedades renales; cáncer en tratamiento o que por algún motivo requieren de inmunosupresión.
Es criminal que por caprichos, cálculos electorales y tozudez, el gobierno de México se aleje de la prioridad de salvar vidas y evitar hospitalizaciones, y en algo tan importante como la vacunación, en lugar de seguir los lineamientos propuestos por los expertos se trabaje en base a puntadas.
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