El Instituto Nacional de Migración (INM) quiere que sus directivos abonen las denominadas “aportaciones voluntarias” y dio como fecha límite para ponerse al corriente el lunes 11 de enero. En principio, estas renuncias a parte del salario y parte del aguinaldo son decisión del personal y forman parte del plan de rescate económico ante la crisis provocada por la COVID-19. Sin embargo, personal adscrito a la institución que dirige Francisco Garduño aseguró temer que este se convierta en un mecanismo para evaluar a los directivos y que quienes no paguen sean finalmente despedidos.
Según pudo saber Animal Político, el INM pide ahora que los empleados se pongan al corriente de los pagos. Es decir, que se hagan cargo del pendiente de 11 quincenas (desde el 15 de julio, cuando la secretaría de Hacienda oficializó la petición) más lo correspondiente del aguinaldo.
Aunque las autoridades siempre han dicho que estas aportaciones son “voluntarias”, en las comunicaciones se hace saber a los directivos y cargos medios que próximamente se informará a los principales responsables sobre cuánto aportó cada funcionario.
Fuentes al interior del INM mostraron su temor de que posteriormente se evalúe quién pagó y quién no para proceder a despidos.
Animal Político consultó al INM sobre este ultimátum, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Los temores expresados por los funcionarios sobre tienen su explicación. La institución que lidera Garduño fue la primera que oficializó la propuesta realizada el 5 de abril del pasado año por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que altos cargos y mandos intermedios renunciasen al aguinaldo navideño para que ese dinero pudiera “ser utilizado en un rubro en favor de la población más vulnerable”.
Según publicó Animal Político, en reuniones mantenidas el 28 de abril del pasado año, oficiales del INM recibieron presiones para firmar un documento en el que se explicitaba el apoyo al jefe de gobierno y se renunciaba al aguinaldo navideño. En estos encuentros, los representantes de personal del INM ofrecían dos papeles: por un lado, el que formalizaba la solicitud para renunciar al aguinaldo. Por otro, la renuncia al cargo en caso de no querer realizar el “aporte voluntario”. La inconformidad se extendió al interior de las oficinas del INM y los representantes de Recursos Humanos abandonaron la estrategia del “o renuncias al aguinaldo o renuncias al salario”.
Ahora, la dirección del INM insiste en reclamar el dinero, siempre presentado como “aportación voluntaria”.
Plan anunciado en abril
El 5 de abril del año pasado, durante la presentación del plan de rescate económico ante la pandemia de COVID, López Obrador anunció del recorte de sueldos y la retirada del aguinaldo a los funcionarios de su gobierno, lo que causó sorpresa e inconformidad entre los trabajadores, que denunciaron que no fueron consultados para ello.
Luego, el Gobierno matizó su discurso y aseguró que no habría recortes salariales, sino que los funcionarios que lo desearan aportarían de manera voluntaria parte de su sueldo.
El 15 de julio, la secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias de la Administración Pública Federal en el que se oficializó la petición de que los servidores públicos hicieran donaciones de entre 5 y 25% de su salario mensual neto, según el nivel de su plaza. Los funcionarios que debían hacer aportaciones eran el presidente de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, directores de área y subdirectores.
Según la petición, los directores generales deben donar 17%; los directores generales adjuntos, 14%; los directores de área 10% y los subdirectores de área, 5%. Éstos últimos son los del salario más bajo entre los cargos de dirección, pues el salario neto es de 30 mil 793 pesos, por lo que la aportación sería de mil 539 pesos mensuales de su salario.
En ese oficio, Hacienda puso a disposición de los trabajadores una cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación para que hicieran depósitos en ventanilla cada mes.
Luego, el 6 de noviembre, la secretaría de Hacienda envió otra circular en la que estableció los lineamientos para que los funcionarios entregaran al gobierno una parte de su aguinaldo.
Para ello, la dependencia incluyó en el oficio un tabulador que indicaba cuántos días de aguinaldo debía aportar el trabajador en virtud de su nivel salarial. Así, mientras que un secretario de Estado tuvo que renunciar a 20 días de su aguinaldo, un subdirector de área renunció a entre uno y siete días de esa prestación.
La inconformidad al interior del INM, institución que ha tenido un rol clave en la aplicación de los acuerdos con EU para frenar el flujo hacia la frontera norte, no se limita al recorte de salario entre los directivos. Diversas fuentes consultadas se quejan de la falta de medidas adoptadas para proteger a los funcionarios de los contagios.
Aunque el INM no hizo nunca público el dato sobre cuántos oficiales habían enfermado, Animal Político pudo saber, gracias a una solicitud de transparencia, que al menos 186 funcionarios se contagiaron de COVID-19 durante el pasado año. Estos se suman a los 52 migrantes que enfermaron, según la propia institución que dirige Garduño. (ANIMAL POLÍTICO)
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