En una mañanera congelada, el presidente, tiritando desde Bavispe, Sonora, lamenta la inconformidad del sector empresarial ante el aumento del 15% en el salario mínimo.
Aseguró que es una exageración que la iniciativa privada diga que quebrarán muchas empresas ante este incremento: “muchos empresarios sí querían, pero son las cámaras quienes deciden y lamentamos que no haya habido consenso, pero tanto el sector obrero como el gobierno sí estuvieron de acuerdo.”
Recalcó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos actuó correctamente, “muchas empresas no pagan el mínimo, pagan más, lo sabemos por el registro del IMSS.”
Asimismo, informó que tanto las trabajadoras del hogar como los jornaleros agrícolas tendrán una base salarial, “porque luego son muy mal pagados.”
Defendió y respaldó la actuación de las fuerzas armadas en las diferentes actividades de su gobierno, aunque reconoció, con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, que, a pesar de su intervención, los homicidios dolosos por el crimen organizado siguen registrándose en esa entidad.
Recordó que su visita a ese estado es para informar y estar presente en el memorial que la familia Langford-Miller colocará para recordar a los niños y mujeres asesinados en esa zona.
Trató de dar un estate quieto a los integrantes de la Alianza Federalista con el tema de la vacuna asegurando que no permitirá que politiqueros manejen el programa de aplicación, hizo un llamado a la gente de los estados a confiar en el gobierno, “nadie se va a quedar sin la vacuna, es universal y gratuita, todos los mexicanos van a tener acceso.”
Dejó en claro que el programa de migrantes “Quédate en México” no fue una imposición del Gobierno de Trump, aseguró que el país actúa con autonomía en sus decisiones.
Comentó que hasta que no tome posesión el nuevo gobierno de Estados Unidos, México seguirá con su misma política migratoria.
Ante la insistencia de los reporteros sobre el tema de las precampañas electorales y los pocos cuidados que se están aplicando, prefirió pasar la estafeta al INE y al Sector Salud: “ellos deben poner reglas para evitar contagios, es irresponsable que haya aglomeraciones, nos tenemos que cuidar, nosotros vamos a hablar sobre la libertad en el voto, de que no haya fraudes… en lo otro no nos metemos.”
Finalmente, recordó que ahora quienes tomen las casetas lo pagarán con 7 años de cárcel pero aclaró que primero se tratará de llegar a un consenso con los grupos que dañan y roban al pueblo. (Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica)
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