Durante la quinta sesión, del segundo período ordinario del Congreso Local realizada este miércoles, la diputada priísta Verónica Boreque Martínez González, presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la que cual se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La propuesta legislativa, tiene por objeto ampliar los instrumentos jurídicos para la solución de los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales que hasta ahora siguen inexistentes en el sistema jurídico del Estado, siendo resueltas por medio de imposición de sanciones por responsabilidad administrativa, civil o penal.
Por otra parte, plantea contemplar una actuación ciudadana independiente de las autoridades administrativas, pero con un fin común, siendo no sólo el de procurar la reparación de los daños ecológicos, sino también el de abatir inhibir y prevenir de manera eficiente los actos violatorios de la norma ambiental. En suma, se busca la corresponsabilidad social efectiva en el abatimiento de la impunidad ambiental.
En congruencia con los principios internacionales, la iniciativa propone que el daño ocasionado al ambiente sea primero reparado materialmente antes de ser compensado. No debe omitirse que el daño no solo tiene una naturaleza patrimonial, sino que trae consigo simultáneamente una afectación a servicios ambientales de interés de la sociedad, razón perfecta para reconocerse integralmente la responsabilidad de su autor.
Por mandato constitucional el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque; es por eso que se hace necesario contar con un sistema de responsabilidad ambiental al alcance de la ciudadanía, en el cual el juez a cargo pueda allegarse de elementos probatorios, valerse de las opiniones de las instituciones administrativas ambientales, e incluso de instituciones académicas y de investigación.
“Sin duda, la protección al medio ambiente revela un vínculo con los derechos humanos, al prever que toda persona tiene derecho a que este se conserve para el desarrollo y bienestar. Ahora, es nuestra tarea crear el ordenamiento jurídico que lo proteja, que aparezca de manera transversal, y establezca la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y de disponer que sus autoridades garanticen que esta se respete, determinando las debidas consecuencias para quien provoque su deterioro”, señaló la diputada. (EL HERALDO)
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