PEDRO LUIS Y LA SOBREPROTECCIÓN

 El exdirector de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinoza, nunca pensó que tendría que renunciar al cargo y mucho que menos que enfrentaría cargos ante la justicia del Estado.

Se sentía y era sobreprotegido por el alcalde Jorge Zermeño Infante, quien le toleró todos los excesos en que incurrió y toleró a los agentes de la corporación, quienes, a su vez, gozaban de licencia para golpear y torturar a los automovilistas que se resistían a ser infraccionados.

La gota que derramó el vaso fueron los violentos hechos del pasado 20 de septiembre, en los que, como lo prueba un video, varios elementos de Tránsito y Vialidad incurren en brutalidad policiaca. Porque si bien, hay versiones en el sentido de que los presuntos infractores también golpean a los servidores para impedir que se lleven su automóvil al Corralón, el video muestra a uno de los involucrados en el suelo, totalmente sometido, siendo pateado y golpeado por uno de los agentes con un instrumento punzante.

Se puede deducir que los agentes de Tránsito no están capacitados para tratar con infractores violentos, que se sentían protegidos, cuando no alentados, por su director. Pedro Luis es responsable por omisión, por lo menos, pues en hechos anteriores prácticamente había aplaudido a los uniformados protagonistas. Después de los hechos del 20 de septiembre, el renunciado servidor público había “arreglado” las cosas imponiendo una suspensión de 15 días a uno de los agentes. Resulta obvio que ocultó al alcalde que ya tenía dos citatorios para declarar en torno a otros casos de abuso de autoridad. Porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga 15 quejas por abusos cometidos por los agentes.

Pedro Luis se había ganado el mote de “El Recaudador”, debido a que nunca antes el Ayuntamiento había registrado tantos ingresos de la Dirección de Tránsito y Vialidad por concepto de infracciones. La corrupción no es actual, siempre ha existido en la corporación.

Los seis elementos señalados ya están vinculados a proceso, aunque en libertad con medidas cautelares, según determinó un juez. De acuerdo con las investigaciones que se realicen, dentro de cinco meses, de ser encontrados culpables recibirán sentencias de tres a ocho años de prisión.