CNDH: falta de acceso al aborto legal es una violación a los derechos

 (Xinhua/Miguel Tovar) (mt) (da) (vf)

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a las 30 entidades federativas que no han despenalizado el aborto de la “injusticia y violencia” que sufren las mujeres e indicó que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una clara violación a los derechos humanos.

“La situación de criminalización contra las mujeres por interrumpir un embarazo representa una grave violación a sus derechos y niega toda posibilidad de decisión sobre su vida reproductiva”, indicó la CNDH.

En un pronunciamiento con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el organismo lamentó que sólo en dos estados, la Ciudad de México y Oaxaca, se ha legalizado la interrupción del embarazo.

“Que sólo en dos entidades de nuestro país las mujeres puedan decidir sobre su vida, su sexualidad y la continuación o interrupción de un embarazo, es digno de reconocimiento, mientras que los 30 estados restantes, donde se les ha negado el acceso a este derecho, son corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como de la clandestinidad y muertes de mujeres por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos”, señaló la CNDH.

La falta de una regulación que garantice un aborto seguro “vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los relativos a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometidas a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, indicó el organismo en un comunicado.

La CNDH recordó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a nivel nacional, 434 abortos fueron clasificados como delitos en Estado de México (101), Nuevo León (67) y Ciudad de México (57) en 2020.

Por lo que convocó a todas las entidades del país a que, en el marco de sus competencias, garanticen el aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres.

Además, precisó que esta situación de discriminación jurídica y de injusticia social, también naturaliza la violencia institucional contra las mujeres con argumentos basados en prejuicios, religiones y posiciones personales por encima de los derechos humanos, la laicidad y el mandato constitucional de la igualdad y la no discriminación. (REPORTE ÍNDIGO)