CAPITALES

Privatizar o no el sector energético en México

La privatización del sector energético en México ha sido un tema en el cual el presidente López Obrador ha sido muy claro: no va a ocurrir aún y cuando se tengan que adecuar las reformas y leyes para mantener la independencia energética del país, tomando como base la generación de energía eléctrica y la producción de hidrocarburos. Si bien se tienen experiencias en otros países donde el sector energético ha sido privatizado, esto no quiere decir que funcione para todos, como tampoco lo es mantener un monopolio sin que exista inversión privada. En este sentido debe de existir un balance entre las acciones de las empresas productivas del gobierno y el sector privado para crear un crecimiento armónico y que sea de beneficio para la sociedad.

En Estados Unidos durante las décadas de los años 80´s y 90´s, las fuerzas de la privatización y la desregulación de los servicios de infraestructura pública ascendieron a un paradigma global de progreso y desarrollo. La gestión gubernamental de servicios como telecomunicaciones, transporte, agua y energía se consideró ineficiente, de bajo rendimiento y monopolista. La industria privada, responsable de las ganancias y pérdidas de un mercado abierto y, por lo tanto, considerada más eficiente que el gobierno, fue proclamada como la mejor forma de elección del consumidor y un uso más eficiente de los gastos de los contribuyentes.

En el mundo industrial, se desafió la propiedad pública y la gestión de los servicios de infraestructura. En la Unión Europea, por ejemplo, se fomentó la adopción de un mercado único y organismos reguladores centrados en apoyar la competencia del mercado. A nivel global, se vinculó la adopción de políticas macroeconómicas neoliberales a la aprobación de líneas de crédito. Otro ejemplo es en América Latina, donde los créditos para el desarrollo de infraestructura en los años 60’s y 70’s contribuyeron a una crisis de deuda externa en los 80’s, el FMI y el Banco Mundial condicionaron el nuevo crédito a la implementación de medidas de austeridad, la privatización de empresas públicas y liberalización financiera.

Por tanto, existen condiciones que favorecen la operación de sistemas tan importantes como el energético y la infraestructura, pero debido a los nuevos paradigmas de políticas geoeconómicas, una reestructura donde se favorezca la inversión privada, permite compartir el riesgo en el desarrollo en dichos proyectos.

En México, un caso que podemos mencionar es la apertura en el sector de hidrocarburos donde a partir de la Reforma Energética se permitió a privados participar en licitaciones para exploración y explotación de reservas. Este mecanismo permitía que PEMEX otorgara a particulares dichas acciones, evitando así los costos de exploración que en ocasiones resultaban infructuosos y que derivado de lo mismo, ocasionaba grandes pérdidas para la paraestatal.

En el sector eléctrico, las subastas permitían que grandes empresas generadoras de energía a través de fuentes renovables, vendieran la electricidad a CFE, dejando importantes márgenes de utilidad para la misma, sin la necesidad de invertir en dichas fuentes de generación.

Hoy por hoy, se deberían de definir reglas claras para permitir a particulares participar en el sector energético, aprovechando la experiencia de dichas empresas para que tanto PEMEX como CFE, puedan sanear un poco sus finanzas, dejando que las inversiones sean a través de asociaciones público-privadas, permitiéndoles captar ingresos a través de mecanismos de coyuntura donde existan oportunidades para que el sector privado participe. Sin lugar a dudas, el mundo está evolucionando hacía nuevas formas de operación en base a tecnologías ya implementadas, México no debe ni puede quedarse fuera de este desarrollo. Será muy difícil en el futuro tratar de enderezar una ruta donde el sector privado pierda la confianza de invertir en México en este sector.

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