El programa nacional piloto que inició en el estado de Coahuila para crear ciudades solidarias que reubican a migrantes y refugiados, con pleno respeto a sus derechos humanos, arroja resultados exitosos, y es un proyecto que debe replicarse a otras entidades del país, plantearon Mark Manly, representante de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR México, e Irene Spigno, comisionada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, durante una reunión con la Comisión de Asuntos Frontera Norte, de la Cámara de Diputados.
Su presidente, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, recordó que la iniciativa nació en la Universidad Autónoma de Coahuila, se concretó con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme Solís, así como con la ayuda de ACNUR México y la asistencia de la Academia IDH; gracias a esa planeación se logró superar prejuicios, como el hecho de que los refugiados no pueden incorporarse a la planta productiva de trabajo o a la cultura de una comunidad.
“El refugio es una realidad y no se limita a la garantía de los derechos humanos; las personas migrantes y refugiadas pueden incorporarse a la vida económica y social; hemos adquirido experiencia, las instituciones responsables han adquirido vivencias importantes, no solo en materia de derechos humanos, también en alimentación e incluso desaparición de personas”, explicó.
En la reunión, se resaltó que las ciudades solidarias crean espacios de convivencia y desarrollo de las personas, a fin de que rehagan su vida, salgan de la pobreza y tengan acceso a diferentes servicios, trabajo, educación, vivienda, seguridad y justicia.
En Coahuila, el Gobierno Municipal de Saltillo, es el responsable de coordinar acuerdos de colaboración con empresas, organizaciones no gubernamentales, centros educativos, y organizaciones gremiales para promover acciones que permitan la inserción e integración de los refugiados en la capital del estado.
Los legisladores escucharon la participación del magistrado, Luis Efrén Ríos Vega, quien solicitó se legisle, cuanto antes, para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas refugiadas, dijo, si hay un esfuerzo de colaboración en las políticas públicas, por qué el Poder Legislativo no se pone de acuerdo en temas que son prioritarios en materia de derechos humanos.
Rubén Moreira Valdez, asumió el compromiso de que los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, estará en comunicación permanente con instituciones públicas y privadas y organismos internacionales, para atender recomendaciones y redactar las iniciativas de ley necesarias para mejorar la legislación mexicana.
Con base en datos oficiales, se informó que en 2019, 70 mil personas solicitaron asilo a México; en 2020, por la pandemia, el número se redujo, hasta la primera quincena de septiembre se tienen registradas 26 mil 255 peticiones, pero conforme se abre la economía en el país, más solicitudes llegan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). (EL HERALDO)
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