El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a los extremos de intolerancia y autoritarismo al llamar “pasquín inmundo” a un medio de circulación nacional.
La constante en sus “mañaneras” había sido y es tratar a los medios de comunicación que no le rinden pleitesía con calificativos como amarillistas, corruptos, alarmistas, opositores, calumniosos, ente otros.
Desde su mentalidad de megalómano, López Obrador pretende una prensa al estilo de “Lord Molécula” y compañía, “periodistas” a los que sólo les falta lamerle literalmente los zapatos al jefe del Ejecutivo Federal. Porque en sentido figurado lo hacen a diario. Para eso los lleva el director de Comunicación, Jesús Ramírez, y ellos cumplen a cabalidad, de una manera ignominiosa y abyecta.
Los exabruptos del presidente, que rayan en lo vulgar y atentan contra la investidura presidencial, ya llamaron la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que en un comunicado advirtió que la postura presidencial y sus ataques a la prensa son “como tirar gasolina al fuego” y alertó que incitan a la violencia, a la división y la polarización del país.
Ciertamente, basta un vistazo a las redes sociales para enterarse de que hay posturas cercanas al fanatismo, que reaccionan de manera furibunda ante cualquier crítica a López Obrador, su esposa o su equipo de colaboradores.
Todos los presidentes del país han sido criticados, han sido objeto de burlas, han sido señalados y denunciados. Unos más, otros menos, han guardado silencio, han sido respetuosos de la libertad de expresión. Pero ninguno había reaccionado como AMLO, que se olvida de su investidura, no deja de asumir su papel como candidato; se sube al ring ante la menor provocación y se erige en Ministerio Público y en juez para culpar y juzgar, responde como si estuviera al frente de un puesto en un mercado popular.
También el alcalde la ciudad, Jorge Zermeño Infante, abordó el delicado tema y consideró que la actitud de López Obrador genera división entre los mexicanos, y consideró inaceptable que se recurra a una consulta popular para determinar si se somete a juicio a los expresidentes.
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