Pedidos rebasan capacidad de “poceros”, ahora coyotean

Múzquiz.- Entre 600 y 800 pesos por tonelada de carbón ofrecen desde mediados de semana pequeños mineros de la región que recibieron pedidos de la CFE, los que con sus capacidades no pueden cumplir y buscan adquirir material de los que quedaron marginados, denunciaron productores locales.

Tal como anticiparon empresarios inconformes con el listado de adjudicaciones elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, la Subsecretaría de Minería y el Servicio Geológico Mexicano, la suma de irregularidades que contiene han dado paso al resurgimiento del coyotaje en la Región Carbonífera.

De acuerdo con la información recabada en la zona, desde inicios de la pasada semana vía internet la CFE hizo llegar los primeros pedidos para surtir a partir del mes de agosto a algunos y diciembre a otros, adjudicando en la mayoría de los casos volúmenes de entrega de carbón muy superiores a las posibilidades reales de cumplimiento por poceros y pequeños mineros.

Las órdenes de compra conocidas hasta el momento comprenden incluso a empresas que no cumplen con los requisitos originalmente establecidos por la Secretaría del Trabajo y la de Medio Ambiente, dado que no cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental, arrastran deudas fiscales o carecen de los mínimos en seguridad exigidos por la Secretaría del Trabajo.

Esta situación ha dado paso a que carboneros favorecidos con asignaciones, pero que tienen dificultades para alcanzar los volúmenes, estén ofertando a mineros sin órdenes de compra o con pedidos menores a sus capacidades de producción, adquirir el carbón con precios que van de los 600 a los 800 pesos por tonelada, para ellos entregarla a la CFE en los mil 34 pesos que fijó la paraestatal.

“Estábamos mejor cuando estábamos peor y es lo que pasa cuando se toman decisiones en un escritorio de la Ciudad de México, sin conocimiento de la realidad. Ellos consideran ´justicia social´ adjudicar pedidos de 15 a 50 mil toneladas a poceros que no tienen la menor posibilidad de cumplirlos ni van a pasar las primeras revisiones de salubridad, PROFEPA y la STPS si las hacen en serio”, afirmaron.

Igualmente, pedidos de 15 mil toneladas para las medianas empresas es orillarlas al rechazo, porque no justifica poner en marcha equipos y personal que representan una escala de costos inviable con esos volúmenes mínimos, ni tampoco se van a prestar a que otros intermediarios ganen al venderles su carbón en 800 pesos, afirmaron.

Como advirtieron anteriormente, insistieron en que la liviandad con que realizaron la supuesta investigación de las empresas ha dado como resultado una situación peor de la que se quería eliminar y no solo resurge fortalecido el coyotaje, sino que se incentivan la ilegalidad y los riesgos de graves accidentes.

Anteriormente los mineros inconformes habían denunciado que vía subterfugios 15 familias habían acaparado más de 40 contratos de suministro, señalamiento que fue retomado y profundizado por el periódico madrileño El País.

En el caso del senador Armando Guadiana, con base en información de la Secretaría de Economía, el medio español demostró cómo en forma encubierta la Comisión Federal de Electricidad había favorecido a adeptos del partido Morena.

Los señalamientos incluían igualmente a las familias Flores, Mendoza, Yutani y Zapata, entre otras, que postularon y obtuvieron asignaciones a través de supuestas empresas de familiares y prestanombres, “y deben existir más casos, porque hasta el día de hoy la CFE y Minería se niegan a publicar la famosa lista”.

Los productores informaron que durante la semana, por primera vez en años, hizo su reaparición personal de la PROFEPA para inspeccionar minas y pozos que supuestamente ya habían revisado antes de la integración del listado de “aceptados” por la CFE.

“Los de la PROFEPA fueron enviados a corroborar los datos entregados en este momento a la Comisión Federal, pero nunca se han aparecido para revisar la situación en los tajos abandonados y exigir a los responsables que cumplan con la remediación de los terrenos que se comprometieron a realizar según la ley ambiental”, abundaron.

Para las empresas, algunas muy pequeñas, que no cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental propio y sus concesiones no están consideradas en los MIA grupales que tienen las uniones de carboneros, el cumplimiento de la normatividad se ha tornado una difícil barrera, dado que tienen como plazo máximo diciembre para realizar los complicados y caros trámites administrativos ante la SEMARNAT.  (FÉLIX RODRÍGUEZ/INFONOR)