En un ambiente de crisis sanitaria y económica generado por la aparición, desarrollo y propagación del virus del Covid-19, la oposición mexicana y sus intelectuales siguen intentando lograr consensos con la sociedad civil, tarea que se torna difícil debido a los diferentes intereses a los que responden cada uno de ellos en particular.
En contraparte, el Presidente Manuel López Obrador actúa diariamente para imponer una agenda que lo aleje de los temas que quieren imponer sus adversarios y le permita marcar su propia estrategia y rumbo.
Como presidente, López Obrador quiere dejar claro que escoge un camino propio, muy distinto al de su predecesor, y así recalcar y recordar las razones por las que fue electo. Como ejemplo, en Palacio Nacional, el presidente encabezó la séptima reunión con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, municipio de Tixtla de Guerrero.
Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, el primer mandatario reafirmó el compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en este asunto de Estado, que representa la prioridad máxima para la presente administración.
La reunión, se señaló, tuvo como objetivo dar seguimiento a los asuntos relativos a la investigación que mantienen distintas autoridades para dar con el paradero de los 43 jóvenes. Se llegó al acuerdo de realizar la siguiente reunión en el lapso de un mes.
Previamente ya López Obrador había manifestado: “Se va a aclarar todo, yo entendí lo que dijo el fiscal de que se desconoce lo que se llamó entre comillas verdad histórica, o sea, todo esto que fabricaron acerca de la desaparición de los jóvenes, según entendí el fiscal expuso que se tienen todos los elementos para demostrar que fue una gran simulación y que ya hay pruebas de lo que verdaderamente sucedió.”
Continuando con su estrategia de marcar agenda en temas sensibles para la población, el Gobierno de México presentó el miércoles lo que llamó una “propuesta de reforma histórica” para fortalecer al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en el país, la cual busca que los trabajadores cuenten con una pensión más elevada, y constituye una iniciativa tripartita que es respaldada por el sector privado.
Sobre los objetivos, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera detalló que se elevará la tasa de reemplazo. «Se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40 por ciento y los trabajadores que menos recibían, que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31 por ciento a un 54 por ciento su tasa de reemplazo», según dijo.
Dicha tasa representa la pensión que recibirá el trabajador respecto a su salario antes de retirarse y pasaría de 31 a 54 por ciento para trabajadores de cinco salarios mínimos, y de 46 a 76 por ciento para los de tres salarios.
En este sentido, la aportación del ahorro de los trabajadores para su retiro no cambiará, mientras que la parte correspondiente a los patrones se eleva.
«La forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15 por ciento, la cual se va a elevar por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15 por ciento hasta 13.87 por ciento. En un periodo de ocho años, los trabajadores van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro», abundó el secretario.
En cuanto al aporte del Estado mexicano, la cuota social se va a recomponer. El monto será idéntico, pero irá dirigido fundamentalmente a trabajadores con hasta cuatro salarios mínimos.
«Hay dos ideas detrás de esto: la primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta en cinco salarios mínimos está el 80 por ciento de trabajadores en México», destacó el funcionario.
Organismos empresariales afirmaron que la propuesta de reforma no causará daños colaterales en el encarecimiento del empleo formal o en la tendencia en la recuperación salarial.
“No hay riesgo alguno de que esta propuesta afecte a los precios de los productos, ni merme de alguna forma el compromiso que tiene el sector privado de avanzar hacia la línea de bienestar familiar en materia de salario mínimo. Es algo que le suma, es un compromiso adicional y por eso es de gran relevancia para el país”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Posteriormente, se dio a conocer que esta propuesta se trata de una reforma consensuada con el Gobierno, desde el presidente hasta la Secretaría de Hacienda, así como los doce organismos miembros del CCE y los trabajadores, de acuerdo a lo dicho por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. (elfinanciero.com.mx)
Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador logró un acercamiento político con varios gobernadores de oposición y el gran ejemplo fue el que se dio con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué. Como resultado de esa maniobra política, ambos se comprometieron a dejar de “echarse la culpa” y trabajar coordinadamente contra la inseguridad en esa entidad, una de las más violentas de México, una situación que hasta este miércoles había llevado a ambos mandatarios a manifestar sus diferencias públicamente.
“En vez de estarnos echando la culpa unos a otros, se ha decidido sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato”, afirmó el presidente López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles, la cual se realizó en Irapuato.
Al tomar la palabra, el gobernador de Guanajuato sostuvo que es “de sabios cambiar de opinión” por lo que desde el pasado 5 de julio asiste de lunes a domingo a las reuniones de seguridad.
“Yo mencioné incluso en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno desde el 5 de julio, cambié mi postura. Por supuesto reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz”, agregó Sinhue.
El presidente le reconoció al gobernador su cambio de postura y que se sume a replicar la estrategia que a nivel federal se implementa contra la inseguridad y que incluye la realización de reuniones matutinas. (expansion.mx)
En otro logro más de la operación política emprendida por el ejecutivo, este miércoles con mayoría calificada de 399 votos, 5 abstenciones y 5 en contra, la Cámara de Diputados aprobó las designaciones de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, para el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029.
Ante el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y de manera presencial en la sede del organismo –salvo uno, que lo hizo vía virtual desde Yucatán- los consejeros expresaron su compromiso por mantener los principios rectores de la función electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
Córdova hizo un reconocimiento a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados por privilegiar el consenso y acuerdo en las designaciones “sobre la imposición y el mayoriteo, que siempre se presenta como una disruptiva tentación antipolítica”.
Lorenzo Córdova agradeció los perfiles que fueron enviados al Instituto. “Eso es un buen ejemplo de que aun en contexto de la polarización política hay órganos dispuestos a cumplir con el marco de la Constitucional privilegiando los acercamientos” por encima de las posturas de parte.
Córdova destacó y agradeció a todos los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (CTE) de los aspirantes al INE por su labor que llevó a los perfiles que hoy son los nuevos consejeros. (eluniversal.com.mx)
Estos son solo unos ejemplos de quehacer del presidente en aras de mantener agenda y gobierno bajo control, en estos tiempos de coronavirus; sin dejar de lado el aderezo y paraguas que en la agenda mediática le brindan casos como el de Emilio Lozoya Austin al acaparar grandes espacios en los medios de información tanto tradicionales como electrónicos, utilizado también como un recordatorio a los electores.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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