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¿Árbitro Vendido?

¿A quién no le gustaría tener los medios para que aquel que figura como árbitro en, por ejemplo, un partido de fútbol, incline sus decisiones a su favor? Sin duda es una opción tentadora, pero también deberíamos de estar de acuerdo que llevarla a cabo implicaría que se perdiera una gran parte de la esencia del juego, aquella que devela organización, aquella que devela, justicia.

En los últimos años, la verdadera protección frente a prácticas de ese estilo en el ámbito político no ha sido el firme compromiso democrático de las y los gobernados, debido a distintas razones motivadas por el desinterés general, y más bien, esta tarea ha sido de los partidos políticos, en especial los de oposición, quienes han fungido como protectores de la democracia que le pertenece a las y los ciudadanos.

Sin embargo, existe un escenario donde dicha tarea se ve obstaculizada: cuando las diferencias entre partidos se enaltecen y éstas terminan por interponerse al compromiso de las figuras políticas de velar por el espíritu de la democracia de un Estado.

En México, originado por acontecimientos que recaen en este segundo escenario, fue creado en 1990 el entonces Instituto Federal Electoral, con una principal tarea: fungir como árbitro imparcial, en un país donde existía un control hegemónico por parte de quienes ostentaban el poder, de los procesos electorales.

Como todo ente no perfecto, sino perfectible, el Instituto ha sido dotado a lo largo del tiempo, a través de diversas reformas –1994, 1996, 2007 y 2014–, de distintas características y facultades que lo han llevado a convertirse al día de hoy en una de las instituciones mexicanas con mayor reconocimiento en el ámbito internacional.

Por definición constitucional vigente, se entiende que el Instituto Nacional Electoral sea un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Lamentablemente, la actualidad que vivimos bajo un gobierno dividido, ha provocado que se perciba al INE como un órgano de oposición, el cual se ha buscado debilitar y atacar, además de que se ha esparcido un sentimiento de no credibilidad a sus actuaciones; lo cual en estos momentos de renovación de integrantes de su Consejo General, se pudiera interpretar como una estrategia para poder llegar a implementar la táctica dura constitucional, la cual va encaminada a que, a través de mecanismos constitucionales, se logre imponer a personajes leales en altos puestos de organismos de esa naturaleza.

Y es que, este fenómeno se da bajo los escenarios que hemos comentado anteriormente, donde aquellos que se ostentan como defensores de la democracia, intentan hacerse de las instituciones, y las desvirtúan con tal de perfilarse a su apoderamiento, desconociendo que fueron sus mismos ideales de lucha los que motivaron a que se llevará a cabo la implementación de este tipo de instituciones desde un inicio, las cuales sirvieron y continúan sirviendo para encauzar la lucha por el poder político en clave democrática, no como herramienta personal para hacerse del poder.

Le comento esto, querido lector, ya que al momento de escribir estas líneas, se encontraba a un paso de ser aprobada la propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para el nombramiento de los cuatro nuevos miembros del Consejo General del INE la cual, pone en relieve lo que he señalado en el desarrollo de la presente opinión.

Por lo que estaríamos siendo testigos – otra vez – de un verdadero ejemplo de la tradicional, pero no correcta, práctica de cuotas partidistas; o bien, de un auténtico progreso en la selección de perfiles idóneos para ocupar un cargo de tan alta relevancia, pues además de lo que señala el precepto Constitucional de que ésta deba llevarse a cargo de un Comité Técnico; lo que se presume es que se ha logrado también, mediante el consenso por parte de todas las fuerzas políticas dentro de la Cámara.

En fin, como muchas otras cosas de la vida, no será más que el tiempo, querido lector, quien vaya reflejando las verdaderas intenciones y nos demuestra cuál visión es la que prevaleció.

 

Reciban un saludo, muchas gracias.

Nos leemos la siguiente semana.

 

Twitter: @Dan_Fdz

Autor

Daniel Fernández
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