En sesión extraordinaria, el Congreso de Coahuila dio primera lectura a una iniciativa del Ejecutivo del Estado para modificar y adicionar articulados a diversas disposiciones de la Constitución Política de Coahuila en materia de educación, para armonizarla con las hechas a nivel federal, y que entre otras cosas garantiza la laicidad del sistema público en la entidad.
La iniciativa, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado.
Entre ellas, el garantizar la educación con respeto irrestricto a la dignidad de las personas, enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. También establece que corresponde al Estado la rectoría de la misma, y la impartida por éste será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
En este sentido, el Gobierno Estatal emitió un comunicado para aclarar que la propuesta incluye sólo a la educación pública, por lo que se dejará a los padres la decisión de llevar a sus hijos a escuelas privadas y éstas tendrán la libertad de impartir la educación con enfoque religioso, en caso de así considerarlo o ser ésta su vocación.
“Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, de acuerdo con la normatividad aplicable. El Estado otorgará y retirará la autorización y reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen los planteles particulares”, señala la propuesta, que también agrega que este tipo de educación se considerará un servicio público y corresponderá al Estado su vigilancia.
Otra de las modificaciones es el reconocimiento al derecho de los maestros de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, y ser sujeto de evaluaciones diagnósticas para retroalimentación.
También se garantiza la educación gratuita desde el preescolar hasta la media superior y superior, y en el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, se señala en el artículo segundo que en la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos de los maestros, por lo que no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.
En el artículo tercero, se señala que quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de los maestros en servicio.
Otro de los puntos a destacar es que se establece en el artículo quinto, que el Estado deberá incluir, dentro del presupuesto de egresos, una partida especial para dar cumplimiento a los principios de gratuidad y obligatoriedad de la Educación Superior en el Estado. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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