CAFÉ POLÍTICO

COMISIÓN FEDERAL ELECTORAL

Antes de 1990 –hace 30 años– las elecciones federales eran sancionadas por un órgano apéndice de la Secretaria de Gobernación. Era la Comisión Federal Electoral quien con amplias atribuciones detentaba un control total y absoluto sobre los comicios de diputados, senadores y del presidente de la república. Cabe destacar que la última elección presidencial que fue sancionada por dicha Comisión, fue la de Carlos Salinas de Gortari en 1988. Y fue precisamente Manuel Bertlett –secretario de Gobernación; 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988– quien le dio el triunfo a Salinas originando con ello una tremenda desconfianza, sospecha y recelo en contra de este corrompido personaje y claro, en contra de la Comisión Federal Electoral. Eran otros tiempos en que el gobierno metía las manos en los procesos para presidente y para gobernadores. En esta elección se manejó la especie de que Cuauhtémoc Cárdenas (quien militó en el PRI durante 25 años) había ganado la elección; que se había dado el fraude electoral a favor de CSG y que, para evitar una guerra civil, los cardenistas aceptaban el fallo. Se consumaba así la “caída del sistema” cuyo operador fue Manuel Bartlett (Comisión Federal de Electricidad), hoy en día señalado por presuntos actos de corrupción por cerca de 900 millones de pesos.

EL IFE Y EL INE

Cabe señalar que la Comisión Federal Electoral era insostenible, cuya interpretación y aplicación de la ley electoral, era parte de sus funciones. Fue tanta la presión de los partidos políticos de izquierda que no le quedó otra a Salinas de Gortari que reformar la Constitución dando paso a la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y que fue la encargada de organizar las elecciones federales en nuestro país de 1990 a 2014. Ahora bien, el primer presidente del Consejo General del IFE fue Fernando Gutiérrez Barrios a la sazón secretario de Gobernación, y como representante del Poder Legislativo –entre otros– el diputado federal torreonense Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano; 2012-2015). Desde octubre de 1990 a octubre de 1996 los secretarios de Gobernación fueron presidentes del Consejo General por mandato de ley. Don Fernando fue el primero para luego seguirle Patrocinio González Garrido; Jorge Carpizo; Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet; mientras que los Consejeros Presidentes del Consejo General fueron José Woldenberg; Luis Carlos Ugalde; Andrés Albo y Leonardo Valdés Zurita. Ya como Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014 la Cámara de Diputados eligió a Lorenzo Córdova como Consejero Presidente por un período de 9 años. Es decir, éste terminará su función hasta 2023 aunque el Preciso López Obrador le trae ganas para defenestrarlo antes de que termine. Por cierto Lorenzo es hijo del investigador y politólogo Arnaldo Córdoba, de la izquierda Línea Proletaria (Línea de Masas; Marxismo Leninismo) fallecido en 2014.

AMLO QUIERE SER EL “GUARDIÁN”

Cabe destacar que el IFE había alcanzado su independencia dado los importantes procesos de reformas electorales constitucionales que vinieron a impactar en cuanto a la integración y atributos, como organismo depositario de la autoridad electoral. Vamos, como árbitro electoral en nuestro país sin ninguna dependencia del gobierno en turno. Nace de esta forma un órgano ciudadanizado e independiente con sentido de permanencia y especializado en materia electoral. El ser el Consejero Presidente –Lorenzo Córdova– un ciudadano elegido por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, era (es) una gran ventaja. Los 30 años de vida del IFE y del INE, y que durante ese tiempo se vinieron dando de manera gradual y paulatina reformas de carácter electoral, es la garantía y aval para certificar elecciones limpias y transparentes. De ahí que no sea necesario –para nada– la supervisión del “guardián” Andrés Manuel López Obrador. Vamos, el presidente no debe ni husmear ni meter las manos en las elecciones de 2021. Y mucho menos en la selección de los cuatro consejeros electorales que habrán de ser electos por la Cámara de Diputados el miércoles 22 de julio. En caso de que Morena gane los 4 consejeros electorales de todas sus confianzas, se estaría perdiendo un contrapeso democrático que nos has costado mucho construir. Los principios rectores del INE que son legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad e independencia deben estar más que protegidos y reguardados como órgano ciudadanizado. Que esto no se le olvide a López Obrador.

ENTREVISTA CON EL DR. TEODORO NÚÑEZ

El fin de semana pasado tuve el privilegio de platicar con mi buen amigo el torreonense Teodoro Núñez González, sobre temas que impactan y que afectarán a nuestro país a corto y mediano plazo. Y vaya que son varios. Desde proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB), inversiones, mercados, crecimiento, desempleo, pobreza entre otros. Esto fue lo que nos dijo en torno a una exquisita taza de café colombiano.

PREGUNTA: ¿Cómo impactará el COVID-19 en los principales países del mundo?

RESPUESTA: “Sin duda la ausencia de una vacuna avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el surgimiento de rebrotes de COVID-19 en algunas de las principales economías del orbe, en las que, como en algunos países de Europa, Asia y de la Cuenca del Pacífico, se dispuso la reapertura ordenada de sus mercados con medidas sanitarias responsables. Ahí se inyectaron importantes recursos y se desplegaron medidas destinadas a proteger el empleo a través de la aplicación de importantes estímulos fiscales. En estos países, aún se mantiene la expectativa de la reactivación plena de sus actividades económicas. En otros países, como en los Estados Unidos, la reapertura de los mercados se acelera y se descarta un nuevo cierre de su economía, a sabiendas del costo político que entraña el contexto electoral que priva, ya que la paralización económica ha dejado a más de 40 millones de personas sin trabajo y si bien algunos de esos trabajos están comenzando a regresar, la tasa de desempleo alcanzó 13.3 % el mes pasado. En el caso de México, no existió la aplicación de políticas públicas destinadas a la canalización de estímulos para la preservación de los empleos que generan primordialmente las micro, pequeñas o medianas empresas. Las cúpulas empresariales solicitaron y plantearon alternativas de apoyo fiscal (no de condonaciones), de prórrogas para pagar salarios y posteriormente impuestos, pero no obtuvieron respuesta oficial del gobierno en turno”.

“PÉRDIDA GLOBAL DE 12.5 MILLONES DE EMPLEOS”

PREGUNTA: ¿En qué medida se perderán empleos directos e indirectos?

RESPUESTA: “El resultado es un panorama que refleja la inercia de la desaceleración económica y la caída paulatina que registraban los principales indicadores de la economía mexicana. Incluso, antes de la aparición de la pandemia y de la desaceleración que se vislumbraba en la economía mundial. En este sentido, según el INEGI y de acuerdo con los resultados de la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, la población ocupada en el país bajó de 55.7 millones en marzo de este año, a 43.2 millones en abril. Es decir, se perdieron 2.1 millones de empleos formales, sumados a los 10.4 millones de empleos informales; totalizando una pérdida global de 12.5 millones de empleos en México. El INEGI determina que estas personas económicamente activas se encuentran en un ‘estado de supresión laboral’ sin percepción de ingresos y sin certeza de mantener un vínculo laboral, o de retorno a su trabajo”.

“INVERSIONISTAS EXTRANJEROS REDUJERON SUS TENENCIAS

EN BONOS SOBERANOS”

PREGUNTA: En cuanto al crecimiento de nuestra economía, que nos puedes decir.

RESPUESTA: “Mira, por lo que respecta al crecimiento de nuestra economía, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB), con base a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestra economía podría registrar una fuerte caída, equivalente a una contracción del 10.5%  en 2020. Ello significaría que dicho desplome, llevaría a un aumento de aproximadamente 15 millones de personas adicionales en situación de pobreza por ingresos. Lo que representaría una estimación de casi el 60% de la población. Por cierto, en términos de endeudamiento de nuestro país, recordemos que la Deuda Pública pasó de 10.7 billones de pesos en 2018, a 12.2 billones en marzo de 2020. Lo anterior significó que aumentó su proporción del 46% al 52% del PIB. Situación que aunada a la incertidumbre jurídica de las inversiones en México y al registro mensual histórico de marzo, en el que inversionistas extranjeros redujeron sus tenencias en bonos soberanos en poco más de 166,500 millones de pesos –según el Banco Central–, fueron razones determinantes para la degradación crediticia de las calificadoras. Por lo que es importante esperar los resultados registrados por el desempeño de nuestra economía durante el primer semestre de este año”. Hasta aquí la plática con Teodoro Núñez, quien es un acreditado, prestigioso y notable profesionista en temas de fiscal, derecho y economía. Gracias amigo.