Buenas intenciones, Malos resultados.
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas… es así como de manera textual empieza el artículo 28 de nuestra Constitución Federal que, de acuerdo al maestro Elisur Arteaga Nava, de este artículo se desprende que las prohibiciones que él consigna existen no solo con el fin de permitir un libre juego del mercado, sino que algunas de ellas están encaminadas a evitar que se conceda a alguien una ventaja indebida, o acciones que perjudiquen al público en general o a alguna clase social.
En 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se reformó el Artículo 28 para establecer como órganos constitucionales autónomos a las autoridades encargadas de preservar lo establecido en el mismo artículo, así como la competitividad en el país. Tal es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En materia de energía y de hidrocarburos; también se cuenta en nuestro país con un órgano regulador denominado Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual se define como la encargada de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
Como ya se dijo, y bien se puede interpretar, el común denominador con el que cuentan los tres organismos reguladores mencionados, es la salvaguarda de la competitividad en el país. Los beneficios cuya actividad genera son varios, pues mediante la práctica de la cultura de la competencia existen mayores fuentes de insumo, lo que se refleja en mejores ofertas de calidad y precio para elegir la que mejor se adapte a las necesidades particulares de quienes residimos en México.
Lo anterior viene a ser relevante ya que este miércoles fue presentada ante la Comisión Permanente del Senado de la República, una iniciativa a cargo del líder del Grupo Parlamentario que cuenta con la mayoría calificada en dicha cámara, que corresponde al mismo Partido Político que, como bien supuso, pertenece el Presidente de la República.
Lo que se propone es que, con base en la compartición de ciertas características entre la COFECE, el IFT y la CRE; se opte por la extinguinción de estos y en su lugar se cree un solo órgano constitucional autónomo al que se le denomine Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), el cual – y así lo dice la exposición de motivos- contará con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.
*No se usted, pero yo, pagaría por ver*.
La primordial justificación por la que se plantea es que, bajo dicha integración, se sigue cumpliendo uno de los ejes principales de la Cuarta Transformación que es la austeridad, ya que el presupuesto destinado al INMECOB sería menor que lo que hoy en día se destina a los tres órganos juntos.
Aunado a eso, la iniciativa contempla un estudio de derecho comparado en el cual se presenta la aplicación similar del caso en España; donde en 2013 con una mayoría del Partido Popular (PP) – de ideología de derecha – el parlamento aprobó la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a través de la fusión de órganos reguladores en materia de competitividad, energía, telecomunicaciones, sector postal, medios audiovisuales; así como ferroviaria y aeroportuaria.
De hecho, es interesante el parecido en los objetivos que en su tiempo contenía la iniciativa del PP, con la que hoy cuenta el proyecto del grupo de senadores de MORENA.
Y es ahí donde recae mi opinión.
Existe un libro escrito por el doctor Santiago Levy, cuyo título siempre me ha llamado la atención, Buenas intenciones, malos resultados. Solo como dato, el libro está enfocado en materia de políticas públicas, específicamente en los programas sociales, refiriéndose a que aquellos que sean aplicados de forma incoherente a la situación actual contribuyen significamente a obstaculizar el crecimiento de un país.
Si le aplicamos ese mismo título a la situación que le comentó hoy, querido lector, ahora si que le quedaría como anillo al dedo. Y es que, en lo que va del periodo actual de Gobierno, no es de desconocimiento público las múltiples ocasiones en las que el Presidente ha arremetido en contra de alguno de los órganos que ahora se pretenden extinguir.
Aunque sea innegable el beneficio económico que la creación del INMECOB traería, todavía yace un peligro en cuanto a su puesta en práctica; y es que a diferencia de España, donde el nombramiento de los Consejeros corre a cargo del Presidente del Gobierno previa propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, en México lo que se pretende es que de igual forma sea el Presidente quien nombre a los Consejeros, pero previa propuesta por parte de la Cámara de Senadores que, como mencione al inicio, actualmente cuenta con una mayoría calificada en favor de MORENA, el mismo partido del Presidente.
La preocupación radica pues, querido lector, en que ya hemos visto cómo se ha utilizado esa condición de ser la mayoría de representantes populares que ocupan un asiento en la Cámara Alta, para ser todo menos eso, representantes. Por ello, lo que pudiera derivar de esta iniciativa que se planteó con supuestas buenas intenciones, a raíz del tiempo y practicas demagogas, pudiera terminar en malos resultados.
Reciban un saludo muchas gracias.
Nos leemos la siguiente semana.
@Dan_Fdz
