Para proteger a los productores agrícolas afectados de los municipios de López, Chínipas, Coronado, Cusihuiriachi, Maguarichi, Manuel Benavides, Ocampo, Riva Palacio, San Francisco de Conchos, Aquiles Serdán y Santa Bárbara, es indispensable que el gobernador de Chihuahua responda con celeridad al juicio que promovieron 11 municipios del estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua, por omitir la planeación coordinada e informada de los recursos hídricos y disponer del agua de sus presas en detrimento de productores agrícolas de esa entidad.
El legislador del PRI, Rubén Moreira Valdez, mediante un Punto de Acuerdo, presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitó que el mandatario estatal, como tercero interesado en la Controversia Constitucional, responda “la vista” o fase del proceso, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le confiere comparecer para aportar alegatos y pruebas, en contra de los actos realizados por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la gestión del recurso natural, almacenado en presas y el que proviene de la Cuenca del Rio Bravo y sus afluentes.
El diputado Moreira estableció que, en el plazo concedido, el gobernador tiene derecho a manifestar lo que a su derecho convenga y debe recordar que lo urgente es proteger a los productores agrícolas afectados de los municipios de López, Chínipas, Coronado, Cusihuiriachi, Maguarichi, Manuel Benavides, Ocampo, Riva Palacio, San Francisco de Conchos, Aquiles Serdán, y Santa Bárbara.
Se remitió a la firma del Tratado de Aguas Internacionales en 1944, donde se establece que Estados Unidos asigna agua a México del Río Colorado y México concede agua a Estados unidos del Río Bravo; la contabilidad en la entrega del recurso es por ciclos de cinco años consecutivos, y en caso de sequía extraordinaria, los faltantes que hubiera se reponen en el ciclo siguiente.
La realidad, aceptó el diputado federal, es que las sequías han provocado que el Tratado no se cumpla a cabalidad y que México tenga una deuda cíclica de agua en favor de Estados Unidos, y el gobierno del país vecino ha enviado notas diplomáticas acusándonos de hacer un manejo doloso en la operación de presas, reteniendo el agua en las mismas.
Internamente estos hechos también han provocado una “gran opacidad” en el manejo de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Bravo y sus afluentes, en detrimento de los productores agrícolas quienes han visto afectados sus ciclos de riesgo, de ahí la importancia para que el Ejecutivo Estatal de Chihuahua responda cuanto antes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (EL HERALDO)
