EL PAPEL DE LA CORTE EN ESTA DICTADURA

Por: Beatriz Pagés

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad la llamada Ley Bonilla por considerar que se trataba de “un gran fraude a la Constitución”.

Con esa resolución, los ministros, impidieron, –al menos de momento– que prospere el proyecto reeleccionista de López Obrador a través de la prolongación de mandato y donde el gobernador de Baja California operó como “conejillo de indias”.

Un cuestionado Poder Judicial, criticado en los últimos tiempos, por su evidente sumisión ante el Presidente de la República, decidió, esta vez, que el Martillo de la Justicia protegiera el principio de no reelección, eje fundamental de la democracia mexicana.

Con esa decisión, la Suprema Corte de Justicia le dio respiración de boca a boca a la división de poderes y recuperó parte de la credibilidad perdida. Pocas veces, –hay que decirlo–, un solo poder, ha hecho tanto, en momentos tan aciagos, por el futuro de México.

Sin embargo, la duda persiste: ¿Qué papel va a jugar el Poder Judicial, de aquí para adelante, ante un Jefe de Estado decidido a destruir el orden legal para implantar una autocracia?

La ponencia del ministro Fernando Franco en la que sustenta la ilegalidad de la Ley Bonilla, es una pieza fundamental para entender el peligro que enfrenta hoy el país.

La iniciativa aprobada en Baja California no solo es un “fraude a la Constitución”, es la crónica de una dictadura anunciada.Contiene las tácticas a las que acostumbra recurrir la 4T para desmontar los pilares de la democracia constitucional e imponer las bases de un régimen totalitario.

Cuesta trabajo aceptar que un gobernador y un grupo de diputados, –avalados por el silencio del Presidente de la República–, hayan sido los cerebros de una de las mas grandes estafas a la Ley.

Si la Corte hubiera avalado la iniciativa Bonilla, está se habría convertido en el punto de arranque para conseguir que López Obrador, –por la vía de alargar el sexenio–, se perpetuara en el cargo.

Pero, esta victoria puede ser pírrica. AMLO tiene escondidas otras cartas. La más visible es el pretender utilizar la revocación de mandato como una forma de ratificación que podría dar motivo a otra intentona contra la no reelección.

Por ello, es determinante saber si la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en definitiva a favor o en contra de México. A favor de blindar la democracia o de servir a una tiranía en ciernes.

La experiencia latinoamericana nos demuestra que una dictadura solo es posible con la complicidad del Poder Judicial. Así ocurrió en Argentina y en Chile. Así ha sucedido casi siempre.

En esas naciones muchos de los jueces renunciaron, por miedo o comodidad, a cumplir con la obligación de marcar límites constitucionales a los gobiernos autoritarios.

Muchos de esos magistrados se convirtieron en apéndices del partidos político en el poder,
interpretaron la ley de acuerdo a la ideología del dictador, ayudaron a que se legitimara la arbitrariedad, lo que tuvo consecuencias nefastas para las libertades y los derechos humanos.

Lo que viene después de la pandemia no es la “nueva normalidad” –como reza el rimbombo oficial–, lo que sigue es la necesidad, después de las cenizas, de “construir el futuro”, pero no habrá futuro si se sigue permitiendo que la dictadura se salga con la suya.

Tenemos ante nosotros a un presidente derrotado y desesperado que, después de la pandemia, va a recurrir a lo más ilegal, a lo más arbitrario y radical para seguir imponiendo decisiones.

Sabe que ya no gobierna. Legisladores, gobernadores y empresarios están en vías de constituir un bloque para tomar decisiones y tratar de salvar al país de una presidencia enajenada.

México necesita de la independencia de la Corte más que nunca. Del valor, dignidad y patriotismo que tengan los ministros para poner un alto a los constantes “fraudes a la Constitución”, –que se maquilan en los lóbregos separos de la 4T–, depende mucho o todo. El destino del país, simplemente.