El grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) propuso reformas a diversos órdenes jurídicos para garantizar la igualdad de participación de las mujeres en la vida económica en sus comunidades, municipios y Estado.
La propuesta planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor obedece a que Coahuila como estado cumpla a las recomendaciones y compromisos que tiene de internacionalmente, de manera específica ante La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el tratado internacional más amplio en materia de derechos humanos de las mujeres, que reconoce en sus disposiciones las aportaciones de las mujeres a la economía de sus comunidades y países mediante cuestiones como el trabajo no remunerado que estas realizan.
El conjunto de reformas abarca a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley de Hacienda del Estado de Coahuila y al Estatuto Jurídico para los Trabajadores del Estado.
Guerrero Cázares comentó que en la legislación del Estado de Coahuila no se prevé expresamente como objetivo mejorar la incidencia económica de las mujeres, ni reconoce muchas aportaciones en el ámbito económico mediante labores que se realizan en el ámbito privado.
Tampoco contiene medidas o políticas que precisamente mejoren las cuotas de género en los órganos de decisión de las empresas u órganos que regula dicha legislación. Y finalmente la participación económica de las mujeres. Esta legislación, por tanto, busca corregir esas primeras omisiones de la ley en la materia.
“La presente reforma propone una serie de medidas que corrigen la inexistencia de legislación local para que expresamente tenga como objetivo el mejoramiento de la participación económica de las mujeres y la inexistencia de incentivos para que las medidas sean implementadas por diversos actores privados y gubernamentales”, enfatizó.
La Legisladora del Distrito IV detalló que en la legislación civil correspondiente se plantean reformas dirigidas tanto a fomentar la corresponsabilidad de las labores del hogar y de cuidado en las relaciones civiles-familiares, así como a reconocer el trabajo no remunerado realizado en el hogar como aportación a dichas relaciones. La finalidad es que dicho trabajo tenga un reconocimiento jurídico como verdadera aportación al hogar, similar al de una aportación económica, por lo que hace al matrimonio y el cuidado de los hijos.
Ello contempla la regulación correspondiente a la prestación de licencias laborales a los esposos, cónyuges o concubinos de las mujeres embarazadas a través de una propuesta de licencia de paternidad en la que se conserven los derechos laborales de los trabajadores del Estado. Dicha medida pretende permitir la mencionada corresponsabilidad en las labores del hogar durante el periodo cercano al parto. Además, dicha medida procura una regla de no discriminación para ampliar su beneficio a las situaciones de adopción.
También, detalló se proponen medidas en materia de políticas públicas que integran a la participación de las mujeres en la vida económica del Estado como objetivo de dichas políticas.
“La intención con dichas disposiciones es poner en el centro de la política económica y laboral del Estado a las aportaciones económicas de las mujeres. Además, se introducen reglas enfocadas a impulsar la participación de las mujeres en las micro, pequeñas y medianas empresas”, expuso
Además, sostuvo se reforma el concepto de violencia laboral adecuándolos a los criterios del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, como los comportamientos y prácticas o las amenazas de estos realizados por los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Además, se señala que dichos actos son independientes cualquiera que sea la situación contractual de la víctima.
También introduce la regulación que permite incentivos fiscales para las empresas que en sus órganos de administración estén conformados por al menos una mitad de miembros mujeres.
La intención destaca la iniciativa es empezar a generar incentivos que permitan poner a las mujeres en los lugares de tomas de decisiones de la vida económica de las empresas privadas. Esta medida se complementa con una disposición que obliga a las entidades paraestatales a tener en sus consejos de administración a las mujeres como una mitad de sus miembros.
“Las reformas legislativas propuestas en esta iniciativa conforman un primer acercamiento a un largo catálogo de medidas necesarias para mejorar la participación económica de las mujeres. Es necesario, de manera progresiva y sin esperar más, comenzar con dichas medidas en los ámbitos de las competencias legislativas de esta legislatura. Con esta iniciativa se propone un punto de inicio”, destacó. (EL HERALDO)
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