EL EMBROLLO DE LAS PENSIONES

Ya aclarada, o al menos superada, la polémica y confusión que surgió ante la versión de que una resolución de la Suprema Corte había topado en un máximo de diez salarios mínimos la pensión de quienes están en el llamado régimen de transición, mal haríamos en dejar el tema al olvido.

Hay una situación que apremia, y tiene que ver principalmente con quienes están bajo el esquema de las Afores, se ha anticipado que esto comenzará a hacer crisis en 2021 cuando un estimado de 40 mil afiliados llegarán a la edad de jubilación –65 años– y un gran porcentaje de ellos no habrán alcanzado las semanas cotizadas en el Seguro Social que les exige la ley para tener derecho a una pensión.

De acuerdo con proyecciones que se han hecho, los trabajadores comenzarán a jubilarse con pensiones equivalentes a un treinta por ciento de su salario, es decir insuficientes para vivir.

La semana anterior que estuvo en Saltillo, el dirigente nacional de la CTM Carlos Aceves del Olmo abordó el tema y dijo que este de las Afores fue un sistema pensionario mal diseñado desde el principio, recordó que se tomó el modelo chileno, pero sin tener en cuenta que allá lo había instrumentado el gobierno de Augusto Pinochet. “y un dictador puede hacer lo que quiera”, dijo.

Esa expresión de Aceves explicando por qué los chilenos diseñaron tan mal lo que aquí simplemente copiamos, debe ponernos a pensar, y –más que eso– a temblar, ahora que el presidente López Obrador ha tomado el tema de las pensiones y ha dicho que va a buscar una solución.

Sí, se necesita una solución, pero ¿podemos esperar que desde la cuarta transformación se promueva una real? Aprendamos de los errores del pasado, en un tema como este que hace crisis a nivel mundial, se necesita inteligencia, capacidad de proyección y pragmatismo, y ninguno de esos atributos los encontramos en quienes hoy llevan las riendas de este país.

También debe tenerse en cuenta que la crisis pensionaria va mucho más allá del régimen del Seguro Social. En Coahuila tenemos sistemas de pensiones para la burocracia estatal; los trabajadores de la educación, y los burócratas municipales, y en todos hay insuficiencias.

El caso más graves es el de los Ayuntamientos, en 2012 un estudio de la Auditoría Superior del Estado puso de manifiesto que únicamente Saltillo y Torreón contaban con un sistema de pensiones formal, y otros tres municipios –Arteaga, Nava y Matamoros– afiliaron a sus trabajadores al Seguro Social, pero había registro de trabajadores jubilados que no tenían derechos adquiridos al afiliarse al IMSS y entonces su pensión se estaba pagando de gasto corriente.

En 2016 la ASE volvió a realizar un estudio, y encontró que de dos se pasó a ocho con una ley para instituir un organismo que se encargue de la administración de sus regímenes de pensiones, pero sólo seis lo están operando, y con afiliación al IMSS permanecen los mismos tres que en esa circunstancia estaban desde 2012.

Quedan entonces otros 27 municipios sin avances en la implementación de un sistema de pensiones, pero tienen 493 trabajadores pensionados a los que no únicamente se les está pagando de manera irregular, sino que además no tienen certeza de sostenibilidad.

Y aunque la solución más viable parecería ser afiliar a los trabajadores municipales al IMSS, debe tenerse en cuenta que el personal al momento de su afiliación perdería su antigüedad, comienzan a cotizar desde cero; recibirán una pensión que será una tercera parte de su  salario, y desde luego no entrarían en este esquema quienes ya estén pensionados.

Si no se procede a la afiliación al IMSS, advierte la Auditoría Superior, y a las pensiones que actualmente ya corren a cargo de estos 27 ayuntamientos se suman las de la generación actual y generaciones futuras, de acuerdo con un estudio actuarial se tiene un pasivo que supera los 34 mil millones de pesos.

¿Quién le está buscando una solución a este mayúsculo problema?, parece que los alcaldes y diputados se contentan con patear el bote, resolver el día a día, y que la bomba truene más adelante.

Y en dónde está por tronar es en el sistema de pensiones de los burócratas estatales, también la Auditoría Superior del Estado advierte que de acuerdo a un estudio actuarial el fondo de pensiones se descapitalizará en 2020 y a partir de ese momento dependerá de aportaciones extraordinarias del gobierno estatal para poder cumplir con el pago a los trabajadores en retiro.

En 2016 poco más de trece mil trabajadores en activo aportaban cuotas al Instituto de Pensiones de la burocracia estatal, y el número de jubilados era de mil 268, pero se advertía que la tasa promedio anual de crecimiento de pensionados es de 10.45 por ciento, y los activos crecen un 0.55 por ciento, por lo que en algún momento habrá más pensionados que aportantes.

A la actual administración estatal le está tocando ya hacer frente a esta situación. Para 2020 se tiene presupuestada una aportación superior a los 126 millones de pesos para el Instituto de Pensiones.

También ahí habrá que hacer modificaciones legales para evitar la quiebra.

Como se ve hay todo un reto en este tema de los fondos de pensiones, es impostergable empezar a buscar soluciones. Ya vamos tarde.

 

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