A pesar de que la violencia sigue imparable en gran parte del país, el presidente López Obrador toma la decisión de sacar a los elementos del ejército de la lucha contra la delincuencia, para destinarlos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y de las sucursales del Banco del Bienestar
2019 fue el año más violento en la historia reciente de nuestro país. Ni siquiera en las peores épocas en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, hubo tantos homicidios dolosos como los ocurridos en el primer año del gobierno de AMLO: más de 29 mil homicidios dolosos y 833 feminicidios acumulados al cierre de octubre, y faltando por sumarse los de noviembre y diciembre.
A pesar de ello, el presidente López Obrador se mantiene firme en su estrategia de “abrazos, no balazos”, por lo que, en lugar de destinar más elementos del ejército para el combate a la delincuencia que azota al país, ha preferido destinarlos a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en la Ciudad de México, y de las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que pretende abrir en el transcurso de dos años.
Tan solo este miércoles se informó que, con un ejército de más de 15 mil trabajadores –civiles y militares–, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) prevé concluir las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía), seis meses antes de la fecha establecida para el arranque de las operaciones aéreas, que está previsto sea el 21 de marzo de 2022.
Un día antes, el martes, López Obrador anunció la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, las cuales se distribuirán por todo el país, las cuales van a ser edificadas por el ejército, según informó el propio presidente en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el inicio de su gira por pueblos indígenas en el 2020. Para estos trabajos, se ocuparán a miles de elementos del ejército mexicano que actualmente realizan otras labores, entre ellas, salvaguardar la seguridad del país.
LAS RAZONES DE AMLO
La decisión de López Obrador de utilizar a militares en lugar de compañías que se dedican al ramo de la construcción para llevar a cabo estas obras, obedece principalmente a su estrategia de combate a la corrupción.
De acuerdo a su óptica, si las obras se le asignaran a empresas privadas, habría desvío de recursos, como ha ocurrido tantas veces en la historia de México; sin embargo, esto no necesariamente es cierto, ya que con los controles adecuados se pueden evitar actos de corrupción.
En cambio, al delegar la construcción de las obras en manos del ejército, lo que se propicia es la opacidad, ya que históricamente, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo alguna construcción, ha recurrido siempre al modelo de contratación llamado administración directa, el cual evade las licitaciones públicas.
La administración directa es una modalidad que contempla la Ley de Obras Públicas para que las dependencias puedan realizar trabajos entre sí tras la firma de un convenio y sin recurrir a contratos con particulares por medio de licitaciones.
En la mayoría de las obras realizadas bajo este esquema, la Defensa Nacional no ha tenido que difundir en su portal de obligaciones de transparencia los convenios firmados con las dependencias y tampoco los contratos con los proveedores, al argumentar que los recursos utilizados no son parte de su ejercicio presupuestario. (EL HERALDO)
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