El Gobierno de Coahuila no se quedó en el hecho de repeler la agresión del grupo delincuencial que irrumpió con lujo de violencia y sangre en el Municipio de Villa Unión el pasado 30 de noviembre. Después de los hechos en dicho municipio norteño, ha habido un cabal seguimiento a lo acontecido que dio nota nacional e internacional.
En los días subsecuentes al 30 de noviembre el número de criminales abatidos se incrementó hasta alcanzar la cifra de 19, de acuerdo con enfrentamientos en las brechas por donde huían los delincuentes intentando retornar a Nuevo León o Tamaulipas de donde procedían. Esa cifra se suma a los cuatro policías estatales caídos y dos civiles secuestrados y asesinados para un total de 25.
Desde el año pasado el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha venido diciendo que sus policías y la coordinación con las fuerzas federales –Policía, Ejército Mexicano y Guardia Nacional- no dan tregua al crimen organizado, y en su reciente Segundo Informe reveló que por lo menos en 15 ocasiones la delincuencia organizada principalmente de las entidades mencionadas ha intentado penetrar a Coahuila buscando sitios que son estratégicos para el trasiego de droga hacia el vecino país del norte.
El gobierno estatal confirma que no quita el dedo del renglón y que no está dispuesto a ceder un ápice de territorio, pues al darle seguimiento al caso de Villa Unión han sido detenidos 26 personas por halconeo, actividad ya tipificada como delito. Y los diez presuntos delincuentes detenidos fueron enviados a penales federales y podrían alcanzar penas de hasta 50 años de prisión. Para evitar la repetición de estos lamentables hechos, el jefe del Ejecutivo consiguió la construcción de un nuevo cuartel militar en Villa Unión para 120 elementos y que podrá albergar a efectivos estatales.
Riquelme Solís presume que Coahuila es la cuarta entidad más segura del país, lo que ha permitido que se concreten fuertes inversiones de empresas asiáticas y norteamericanas, lo mismo en el norte que en el centro y sur de la entidad.
La iniciativa privada y la sociedad en general aplauden las medidas adoptadas en materia de seguridad y demandan no se baje la guardia.
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