Ciudad de México.- “Estamos hablando de más de un millón de víctimas de violencia, ese fue el saldo, desde que se declaró la guerra absurda para enfrentar la violencia; más de un millón de víctimas, familiares y los que perdieron la vida”.
Estas fueron las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 4 de febrero pasado, que dedicó al tema de víctimas y búsqueda de desaparecidos.
Repitió la cifra el 10 de mayo, cuando las madres de desaparecidos marcharon para exigir justicia, y el 27 de abril, tras prometer apoyo a los familiares de 13 personas masacradas en Minatitlán, Veracruz.
Sin embargo, no hay constancia sobre de dónde provino ese dato.
Animal Político pidió por transparencia a la Oficina de Presidencia, con la solicitud 0210000035619, hecha en febrero, la explicación sobre ese cálculo, bases de datos o documentos que aclararan cuántas de esas víctimas eran muertos, desaparecidos u otros tipos de víctima, y cuántos familiares.
La respuesta fue que no es de su competencia tener esa información. Aun después de un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Presidencia reiteró en junio que no era competente para tener la información, cuando el presidente ya lo había vuelto a decir dos veces.
Lo más que sugirió fue buscar los datos en tres instituciones que podrían tenerlos: uno fue el Registro Nacional de Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero este solo tiene 20 mil personas; otro, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tenía 40 mil pero está desactualizado desde abril de 2018.
Por último, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), pero estos últimos ni siquiera habían sido creados todavía.
Como este caso, abundan las afirmaciones del presidente y de su gobierno de las que no hay pruebas ni documentos e incluso por transparencia se declara que la información no existe.
A un año de gobierno, la Administración Pública Federal en su conjunto ha declarado 14 mil 801 veces la figura de “inexistencia” de documentos, de acuerdo con estadísticas del INAI. En el primer año de Enrique Peña Nieto como presidente se respondió que la información era inexistente a 5 mil 659 solicitudes y en el de Felipe Calderón, a 3 mil 850.
El consejero Joel Salas advirtió en un video publicado en sus redes sociales que el estilo de este presidente ha despertado que la ciudadanía haga más solicitudes de información que en sexenios anteriores. Pero hizo un llamado a que se contenga de declarar inexistencias.
Este aumento es claro en las solicitudes hechas particularmente a la Oficina de la Presidencia: con Calderón fueron mil 733 en su primer año, con Peña mil 907, y con López Obrador subieron a 3 mil 723.
Pero las inexistencias también subieron de 84 y 98 con los primeros, a 382 actualmente. Mientras que en los dos sexenios pasados representaron el 5% del total de respuestas, ahora son el 11%.
Estos son otros ejemplos de afirmaciones de las que no hay pruebas, más que lo que ha dicho el presidente.
A principios de febrero, el gobierno anunció que ya no se daría dinero a las Estancias Infantiles, un programa de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy del Bienestar, para dar servicio de guardería a familias que no lo tienen como prestación, y que ese dinero mejor se entregaría directamente a las madres.
La medida causó gran controversia porque dejaba sin apoyo a un programa que atendía a 329 mil niñas y niños de 313 mil madres y padres que no tenían como prestación laboral otras guarderías ni recursos para pagar una privada.
La justificación gubernamental para cancelar los subsidios fue que había numerosas irregularidades, y la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dio ejemplo concreto estancias que tenían 15 niños pero cobraban por 30, o que 97 mil niños inscritos no fueron localizados en los locales.
Animal Político solicitó a la Secretaría del Bienestar la lista de estancias infantiles que tuvieron inconsistencias, cuáles eran y en dónde se localizaban.
La respuesta fue que las irregularidades habían sido reportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que, en todo caso, se le preguntara al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) qué fallos había en el protocolo de supervisión, capacitación y certificación.
Los señalamientos de que había corrupción en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco han sido múltiples, desde que López Obrador estaba en campaña presidencial.
Por ejemplo, cuando en el periodo de transición aseguró que los terrenos del viejo aeropuerto serían usados para hacer una especie de Santa Fe, o una contradicción protagonizada en abril con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, que dijo que no se había cancelado el proyecto por corrupción, y el presidente lo desmintió asegurando que sí había.
Pero el propio López Obrador había negado en su conferencia del 8 de enero que hubiera pruebas como para presentar una denuncia.
Derivado de ese día, un ciudadano solicitó todos los documentos que sustentaran las declaraciones del presidente. La respuesta fue clasificada en la categoría “la información está disponible públicamente”, aunque al abrir el detalle, se explicaba que la dependencia usó esa opción de la plataforma para poder dar una respuesta amplia, pero declaraba “no competencia” y sugería dirigirse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Esto llevó a una discusión del pleno del INAI, en el que se argumentó que la Oficina de la Presidencia sí “tiene atribuciones para proveer al presidente de la información y los datos necesarios para sus actividades, toma de decisiones o formulación de mensajes”, por lo que debía entregar los documentos que sustentaran sus dichos.
Después de eso, se presentaron al menos otras dos solicitudes de ciudadanos para conocer la información referente a corrupción en el NAIM, la 0210000060319 en marzo y la 0210000106819 en abril.
La respuesta, entonces, fue declarar “inexistencia” de esos documentos.
López Obrador inauguró su presidencia convocando diariamente a conferencias de prensa a las 7 de la mañana que son precedidas, según ha dicho, por reuniones con el Gabinete de Seguridad, para analizar diariamente la incidencia delictiva y tomar decisiones sobre cómo combatirla.
También acuden a esas reuniones otros miembros de su equipo, según el tema que se vaya a tratar ese día, o si hay algún punto que analizar.
En febrero, Animal Político pidió la lista de asistentes a esas reuniones de trabajo, y tanto la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad como la Secretaría Particular del Presidente y la Vocería del Gobierno de la República dijeron no tener información al respecto.
Tras un recurso de revisión, con el argumento de que es de interés público saber quiénes participan en la toma de decisiones diarias, el INAI decidió que también podía haberse buscado esa información en los archivos de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, en la Coordinación de Crónica Presidencial y en la Coordinación de Asesores del Presidente, por lo que ordenó modificar la respuesta dada.
Pero en julio, cinco meses después de la solicitud original, la dependencia volvió a declarar “inexistencia” de las listas de asistentes a esas reuniones.
Otra solicitud hecha en mayo, la 210000129419, pedía las minutas, informes, diagnósticos u otros materiales que se generen de esas reuniones. Fue turnada a la Secretaría Particular del presidente y a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.
La respuesta, una vez más, fue que cualquier prueba de esos encuentros matutinos en Palacio Nacional, no existe.
Un cambio en la actual presidencia es que se eliminó la seguridad que le brindaba el Estado Mayor Presidencial. En su lugar, López Obrador informó desde antes de asumir el cargo, que a él lo cuidaría un cuerpo integrado por 10 mujeres y 10 hombres llamado “Ayudantía”.
Sin embargo, a múltiples solicitudes sobre quiénes integran ese grupo, qué formación tienen, qué sueldo reciben, qué partida paga sus gastos, en qué viajan, cuál es su nombramiento oficial, etcétera, la respuesta siempre ha sido la misma:
“No se pudo identificar documento alguno relacionado con cada uno de los datos concernientes a la ‘Ayudantía’”. Una respuesta que ya hizo oficial el Comité de Transparencia para que todo lo que se pregunte al respecto sea declarado “inexistencia”.
Lo único a lo que se ofreció una respuesta, fue a una pregunta con nombre y apellido sobre su coordinador, Daniel Asaf Manjarrez, de quien se informó que pertenece a la Coordinación de Enlace Institucional, con un sueldo equivalente al de subsecretario de Estado nivel H1 (y remitió al decreto oficial donde se establece que este nivel percibe un sueldo bruto de 153 mil pesos).
El 26 de junio en la conferencia de prensa matutina, cuando una periodista cuestionó que estaban en riesgo de dejar de transmitirse programas del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), el presidente respondió que los ajustes eran necesarios porque se gastaba demasiado al interior del gobierno sin justificación.
—¿Había aviadores en el gobierno, presidente?—, le cuestionó.
—Sí. En todos los casos, en censos que se realizan, se encuentra que como el 30%, o gente que supuestamente recibía un apoyo y no existía—, dijo.
Animal Político pidió por transparencia a la Oficina de la Presidencia esos censos, en la solicitud 210000189219. La respuesta fue que el tema no era de su competencia y citó una resolución del propio INAI que dice que “no existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del Titular del Ejecutivo Federal”. Por último, sugirió dirigir la pregunta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ante un recurso de revisión, el INAI revocó esa respuesta y obligó a Presidencia a volver a contestar, pero el resultado fue el mismo: que no contaba con dichos censos.
Por su parte, Hacienda también respondió a la solicitud 000600356419 que no tenía nada al respecto en sus archivos y que ni siquiera está entre sus obligaciones legales tener ese tipo de documentos, además de negar que el señalamiento de Presidencia implicara que tenga los datos.
Después de un recurso de revisión que provocó que el INAI revocara esa respuesta, el 4 de noviembre, cuatro meses después de solicitada la información, declaró formalmente su “inexistencia”.
El 18 de diciembre, López Obrador aseguró que como todavía estaba vigente el sueldo del presidente anterior y no entraba en vigor el recorte que él pidió para percibir solo 108 mil pesos mensuales, hizo un reintegro a la Tesorería de la Federación por 22 mil 313 pesos de su primera quincena.
Un ciudadano pidió en la solicitud 0210000101418 el oficio que informara a la Tesorería del movimiento y el comprobante. Presidencia contestó que ambas cosas eran inexistentes.
Aunque ya hasta se mudó López Obrador y en una conferencia matutina enseñó los planos, parece que no existiera ninguna información oficial sobre su construcción y acondicionamiento para la familia del actual presidente.
A la solicitud de información 0210000189319 sobre las dimensiones y mobiliario de dicho departamento, Presidencia respondió el 9 de agosto que no tenía documentación, así que en un recurso se le hizo que ver que el propio presidente había presentado diez días antes, el 30 de julio, los planos y medidas.
Ante ello, sí respondió lo siguiente: “el área a habitar dentro de Palacio Nacional comprende 300.11 m2 distribuidos en dos habitaciones, un estudio, una cocina y una sala comedor, área que ya se encontraba impactada desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa”.
Aunque ignoró el cuestionamiento sobre mobiliario, por lo que el INAI revocó esa respuesta el 6 de noviembre y hasta la fecha no hay una nueva.
Otra solicitud, la 210000188319, fue sobre el costo de adecuación del departamento para el actual presidente y su familia. También en este caso Presidencia respondió que no encontró “evidencia documental de alguna erogación que atienda el requerimiento del solicitante”.
Pero el INAI le señaló que en la conferencia matutina del 18 de junio, López Obrador dijo que las adecuaciones habían sido “lo mínimo”, “una limpieza general y pintura”, por lo que exigió a la dependencia informar sobre eso al menos.
Presidencia de plano recurrió a su Comité de Transparencia para que declarara “inexistencia” sobre dicha información.
Además, un ciudadano solicitó, con folio 0210000207719, reportes, documentos y contratos de las obras emprendidas en el sexenio de Calderón para instalar un departamento en Palacio Nacional. Pero incluso sobre esos datos del pasado, la respuesta de la actual oficina de la Presidencia fue que no existía la información.
Igual que en el caso del departamento, el presidente ha dado a conocer personalmente datos que por transparencia son negados a los ciudadanos.
La Presidencia ha recibido en varias ocasiones solicitudes de información sobre los vehículos en los que se traslada López Obrador, en especial, sobre el o los Jetta blanco que utilizaba desde la transición y aún antes, en la campaña presidencial, que se volvió famoso por las abolladuras que llegó a sufrir cuando la gente se aglomeraba para tratar de saludar a su pasajero principal.
A la solicitud 0210000124419, por ejemplo, en la que se dieron específicamente las placas que se han visto que usan dos Jettas en los que viaja, 625-YPH y M30-AHW, la oficina del presidente contestó en mayo que tanto la Secretaría Particular y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales revisaron en sus archivos, y no encontraron ninguna información sobre esos vehículos.
Pero en junio, un mes después, López Obrador mostró fotografías de las tarjetas de circulación de esos automóviles y reveló que están a nombre de su secretario particular, Alejandro Esquer Verdugo.
Las dudas de los ciudadanos que se han quedado sin respuesta no solo giran en torno a declaraciones polémicas o decisiones de gobierno.
Ante varias fotos del presidente en sus redes sociales en las que presume antojitos mexicanos de desayuno o comida, solo o acompañado, ha habido quien pregunte de dónde salen esos platillos, cuánto se gasta en la comida en Palacio Nacional, y si los prepara algún chef, cocinero o trabajadora del hogar.
Por desgracia para quien tuviera antojo de una comida presidencial, la respuesta fue que la información el respecto es inexistente. (ANIMAL PÓLÍTICO)
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