ONU insta a México a desmilitarizar la Guardia Nacional en un plazo de dos años

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El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CCPR) llamó este jueves al Gobierno de México a desmilitarizar la Guardia Nacional en un plazo de dos años.

En su informe ‘Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México’, el organismo llamó a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas y a avanzar proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil, informó el periódico El Financiero en su sitio web.

«Se solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de dos años desde la aprobación de las presentes observaciones finales, es decir el 8 de noviembre de 2021, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas», apunta el documento publicado este jueves.

El CCPR señala que la intervención de las fuerzas armadas debe ser restricta a circunstancias excepcionales y con duración limitada. También indica que el Estado debe proporcionar formación intensiva en estándares internacionales de derechos humanos para los elementos de la Guardia Nacional.

Asimismo, llamó al Estado a redoblar sus esfuerzos para que se investiguen prontamente todos los crímenes violentos y otros delitos graves, incluyendo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

«El Estado parte debe, asimismo, adoptar las medidas necesarias para proteger a los testigos, las víctimas y sus familias, y a las personas que estén llevando a cabo las investigaciones, de amenazas, ataques y todo acto de represalia».

El CCPR señala que existen insuficiencias en las investigaciones y recurrente impunidad con relación a violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura.

El Comité instó también al Gobierno mexicano a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y sus Unidades Estatales de Protección, a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a las instancias administrativas de control interno.

Además, urgió velar por el respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores y periodistas acusados de delitos y porque cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión o del derecho de asociación cumpla plenamente con el pacto con el organismo. (EL FINANCIERO)

 

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