OPINIÓN

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31 octubre, 2019

Difícilmente la obligada estancia del Obispo emérito Francisco Villalobos Padilla en un hospital, esperando que avance el trámite burocrático de una aseguradora, fue el detonante de la tormenta que le desataron a Fray Raúl Vera López.

La víspera, en su homilía durante las festividades de San Judas Tadeo, el Obispo Vera tomó nuevamente el tema del desarrollo de Ciudad Derramadero y la amenaza que, afirma, representa para el abasto de agua en General Cepeda y Parras.

Hay un mal augurio. Este método del descontón evoca las prácticas a las que fueron tan afectos los grupos del poder político en el pasado reciente de Coahuila para hacer y deshacer a su antojo.

En estas estrategias, la falta de razón y de argumentos se suplen por rudeza y denuesto. No se rebaten las causas, se combate al que las enarbola apostando a su descalificación. Al no poder convencer, el camino es vencer.

Y no, no es la fama pública del Obispo Vera lo que preocupa, de eso se hace cargo él donde corresponda, ni tampoco es una defensa a ultranza, pues no se desconoce que su compromiso intransigente con la justicia social lo ha llevado en más de una ocasión a equivocarse, al igual que ha tenido aciertos que le dan un reconocimiento incluso fuera de nuestras fronteras.

Lo grave es que se tenga que recurrir a un método desaseado, cuando se supondría que todo está en orden en Derramadero, que hay un aval técnico de la Conagua, y que la disponibilidad de agua en la región no está comprometida.

¿Qué es entonces eso indefendible que amerita seguir esta ruta?

La estridencia de la carga de fusilería enderezada contra el jerarca religioso lleva a preguntar qué niveles habrán alcanzado los intereses, y si estos no trascienden ya más allá de grupos empresariales y líderes sindicales, escalando a las altas esferas del gobierno.

Es a eso a lo que debemos estar atentos.

Si hay un dictamen técnico de la autoridad que respalda la disponibilidad de agua, que lo muestren. Pero que también abran todo el proyecto para estar ciertos que se cumplen normas ambientales y de desarrollo urbano.

Lo han prometido como una «ciudad modelo», entonces no puede ser desarrollada siguiendo los mismos vicios y errores que tornaron caótico a Saltillo.

Para empezar deben garantizar infraestructura vial suficiente para una comunicación fluida y segura entre ese nuevo desarrollo y nuestra actual zona urbana. Hoy en día no se cumple con esas condiciones.

Veamos lo que ha pasado en Nuevo León, detonaron Apodaca y Pesquería sin suficientes rutas de enlace con el área conurbada de Monterrey, y allá se vive un caos diario.

Eso pasó en Nuevo León, donde son proactivos y dinámicos, y ahora, aunque van tarde, están impulsando una solución con un proyecto de tren suburbano.

Aquí ya Manolo Jiménez dijo que debemos resignarnos pues no habrá nuevas obras viales ante la falta de recursos federales. Aguantarnos los embotellamientos, como si no hubiera la posibilidad de impulsar con energía y seriedad la modernización real del transporte público y la generación de otras alternativas de movilidad.

Pero no es la vialidad lo único colapsado, nuestro ritmo de crecimiento reventó también ya al mercado laboral y eso arrastra la calidad del servicio en todo tipo de establecimientos comerciales.

Crecemos en muchos aspectos, pero la calidad de vida va en retroceso.

Y además de todo esto habría que poner sobre la mesa también el tema ambiental y, sin duda, el social, pues también ahí impacta la dispersión de la mancha urbana.

Si Derramadero va, que avance por sus méritos y no por imposición. Porque conviene y está en orden, no porque nos traen distraídos contándole las cervezas al Obispo. Que no sea como Santa Lucía o Dos Bocas.

VAYA PAQUETE que le regresaron al Auditor Superior Armando Plata Sandoval, quien ahora deberá buscar en su archivo las revisiones que hizo a las cuentas públicas hace más de una década.

Según lo que se ha informado los recursos cuyo origen no puede comprobar, los llevó Jorge Torres López a cuentas en el extranjero en 2008.

Torres fue Secretario de Finanzas un mes de 2005, todo 2006 y 2007, y poco más de seis meses en 2008. Luego fue alcalde interino de Saltillo.

¿Salió ese dinero de las finanzas públicas estatales o municipales?

Casualmente en el portal público de la Auditoría Superior, su apartado sobre «Situación de las Cuentas Públicas» reporta nada más hasta 2006, y los informes de resultados publicados corresponden de 2009 a 2017.

Pudimos rescatar el informe sobre la revisión de las cuentas de 2008, ahí la ASE le observó al gobierno estatal 42 millones de pesos y al municipal de Saltillo poco más de 6 millones, pero no se puede saber si los solventaron finalmente y si el Congreso dictaminó y aprobó o no esas cuentas. De 2007 no hay datos, y las de 2006 aparecen como aprobadas.

Eran diputados cuando se revisaron las del 2007 personajes como Jorge Rosales, César Flores Sosa y el hoy magistrado, en ese entonces militantes del PAN, José Ignacio Máynez. También José Luis Moreno y Antonio Juan Marcos Issa, por ejemplo.

En 2009, para la revisión del ejercicio 2008, algunos de los diputados eran Carlos Orta Canales, Diana Patricia González y Boreque Martínez.

¿Qué pueden decir ellos y Plata?, ¿advirtieron desvíos, presentaron denuncias?

El caso de Jorge Torres más que llevar a la recuperación de recursos, que no se ve viable, habría que seguirlo para conocer de dónde obtuvo el dinero cuyo origen lícito no puede comprobar, y entender qué está fallando en la fiscalización, si es que realmente queremos aquí combatir la corrupción, pues si no es producto de desvíos puede serlo entonces de sobornos. Hay que saberlo.