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Podrá haberse adecuado el calendario electoral para que el proceso en el que se renovará el Congreso comience hasta enero próximo y no en noviembre de este año, pero eso no consiguió contener la efervescencia entre los actores políticos que ya se mueven para esa elección, e incluso para la siguiente, la de alcaldes en 2021.

Esta semana se encargó de ponerle sabor Héctor Horacio Dávila Rodríguez, que ante la sugerencia en una columna de que Armando Guadiana Tijerina pudiera ser la opción de Morena para contender por la alcaldía de Saltillo, de tajo señaló que el senador no podría con el paquete, por la carga de trabajo que implica la Presidencia Municipal, y que un mejor prospecto sería Javier Guerrero García.

Lo interesante es que Guadiana ya se había descartado diciendo que está mejor, por ahora, en el Senado, pero a nadie extrañe que el “puyazo” de Héctor Horacio saque la casta del político y empresario taurino y diga que siempre sí le entra.

El “HH” la quiso suavizar refiriéndose al senador como su tío, pues la esposa de Guadiana en su primer matrimonio es tía de Dávila Rodríguez, quien parece haberse convencido de que en el PAN no lo quieren y señala que ahora pudiera ser candidato a diputado, nada menos que de Morena.

En la otra esquina, también Jericó Abramo Masso levanta la mano, y entrón como es se declaró listo para competir en 2020 por una diputación, o en 2021 de nuevo por la alcaldía. ¿Cómo se la habrán tomado José María Fraustro y Jaime Bueno?

Quien no se sabe si ya declinó, o anda buscando cambio de distrito, es Alvaro Moreira, que hasta hace muy poco no se alejaba de “las compañeras” en las colonias del sur y poniente de Saltillo, y ahora se le ve en los cafés de moda en el norte de la ciudad. La zona “fifí” dirían los de Morena.

 

SIGUIENDO CON priistas, en la región Centro andan intrigados sobre cómo logra Marco Morales tener tanta influencia sobre el Secretario de Inclusión Francisco Saracho, quien pareciera le tiene una confianza ciega.

La circunstancia nuevamente salió a relucir cuando Morales consiguió que Saracho designara a Jesús Ríos en la coordinación de programas sociales en Frontera, sustituyendo a Mimí Martínez, cuya salida se vio forzada luego de que intentó investigar la venta indebida de materiales de construcción.

Cuentan que a Morales el asunto le salió redondo, pues logró saldar una deuda pendiente con Jesús Ríos y detener la investigación que iniciaba Mimí.

 

MÁS PARA ALLÁ, en la Carbonífera, los pequeños y medianos productores ven con preocupación que se acerca el fin de los contratos vigentes con la Comisión Federal de Electricidad, tan pronto como la semana próxima, y no hay señales de una nueva licitación.

Parecería que están rotos los puentes con la CFE, y se insiste en que Manuel Bartlett y su equipo decidieron tomar distancia y precauciones, pues se presume que –una vez más– no hubo juego limpio en las asignaciones de los famosos códigos con los que se hacen las entregas del carbón a las plantas en Nava.

La historia no es muy diferente a lo que ha venido ocurriendo, el monopolio de los códigos cambió de manos, pero sigue marginando a los auténticos productores para dejar el negocio a quienes no tienen minas pero sí las relaciones y el modo para fungir de intermediarios.

Descuidar este asunto es riesgoso. Sus implicaciones son no únicamente económicas, también sociales y desde luego políticas.

 

EN OTROS TEMAS, tan mal andan las cosas en la “Cuatroté” que organismos como el INEGI no logran contar ni siquiera con el presupuesto elemental para  realizar sus actividades fundamentales.

Funcionarios y empleados del INEGI andan buscando quien les pueda prestar una oficina para coordinar la realización de los censos de 2020.

Como si fueran un club poético o una planilla estudiantil, pidiendo espacios prestados.

 

CON CHIHUAHUA y Durango se replicará el modelo de coordinación que en materia de seguridad se viene siguiendo desde hace algunos meses con Nuevo León y Tamaulipas.

El acuerdo se formalizó en un encuentro del gobernador Miguel Ángel Riquelme con sus homólogos Javier Corral Jurado y José Rosas Aispuro.

Ya en el tema, recordemos que en la última evaluación de resultados con Nuevo León y Tamaulipas, se informó de la disposición del gobierno neolonés para que las fueras de seguridad de Coahuila utilicen su infraestructura de telecomunicaciones.

El punto pasó desapercibido en ese momento, pero amerita una investigación, no el acuerdo sino las razones por las que se hace necesario, y cómo es que ya no funciona la infraestructura que desde hace más de quince años se creó en la entidad para operar la red Matra, que permitía la trasmisión de voz, datos e imágenes, aún en los municipios más apartados de Coahuila.

La cobertura Matra hoy está tan limitada, que los operativos se tienen que coordinar en un grupo de whatsapp.

Los actuales responsables de la seguridad así encontraron las cosas, alguna instancia debería investigar quién, cuándo, y por qué se desmanteló lo que ya teníamos.