LA SEGURIDAD PÚBLICA

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Como si la seguridad pública en Torreón estuviera para presumirse, el director de la Policía Municipal, Francisco Primo García Rivera, sin mayores explicaciones volvió a ausentarse de la corporación y de la ciudad. Y ni el alcalde Jorge Zermeño Infante tiene plena certeza de la fecha de su eventual retorno.

Ciertamente, García Cervantes se debe a la Policía Federal, corporación en proceso de desaparición, cuyas divisiones se integran a la Guardia Nacional, pero el funcionario da la impresión de que no está ni aquí ni allá. Por eso el alcalde tiene toda la razón cuando dice que la seguridad de un municipio radica en una sola persona. Ese principio se aplica perfectamente en el caso de Torreón.

Ya en diciembre pasado, el funcionario policiaco solicitó un permiso que se prolongó por dos meses y se anticipaba que no se reintegraría a sus funciones al frente de la Dirección de Seguridad Pública, toda vez que recibiría un cargo “de alto nivel” en la Policía Federal, lo que no ocurrió. El aquel entonces, la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Sergio Lara, emitió un breve comunicado relativo a la ausencia “temporal” de García Cervantes. Se especulaba que en enero sería ratificado el director operativo que había quedado interinamente al frente de la corporación.

Esta vez, sin embargo, no hubo comunicado alguno y, por el contrario, Sergio Lara reconoció que ignora cuándo inició el nuevo permiso temporal de Francisco Primo García, porqué lo solicitó y cuándo se reincorporará. Zermeño Infante atajó que “es muy posible” que esta misma semana su colaborador vuelva al puesto.

Representantes de la iniciativa privada advierten que se ha relajado la seguridad. García Cervantes destacaba hace un mes que no había habido asaltos bancarios y apenas hace unos días un cuentahabiente fue asaltado dentro de una sucursal bancaria. También habría que reconocer que la vigilancia policiaca evitó que una persona fuera enterrada viva hace unas semanas en un ejido de Torreón.

Mientras tanto las detenciones arbitrarias siguen ocupando el primer lugar en las quejas ante Derechos Humanos, seguidas de lesiones, ejercicio indebido de la función pública, robo y allanamiento de morada.