AVISO DE CURVA

Las disculpas que faltan en el Caso de Allende

 Sabes que el Estado mexicano fracasó cuando, frente a un desesperado y agónico llamado de auxilio, en donde la respuesta de las autoridades significaba la vida o la muerte de ciudadanos en peligro, los únicos que acudieron a prestar su apoyo fueron los bomberos.

Eso fue lo que sucedió en Allende, Coahuila. Entre otros importantes aspectos, tendientes a evidenciar las insuficiencias, complicidades y omisiones cometidas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante aquellos sucesos de extrema violencia acontecidos al inicio de la primavera de 2011, la recomendación No. 10VG/2018, emitida en marzo de 2018 por la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), dejó en claro que ni las policías Federal, Estatal y Municipal ni el Ejército Mexicano atendieron las denuncias de secuestros y los llamados de auxilio.

Resulta aventurado establecer que una intervención oportuna de las autoridades hubiera sido determinante para evitar la masacre, entre cuyas víctimas se encuentran niños. Ni siquiera quienes redactaron la recomendación se atrevieron a perfilar una conclusión de tal magnitud, porque de haberlo hecho sería un golpe letal para la legitimidad del Estado mexicano.

Según el documento de la CNDH, los únicos que atendieron el llamado fueron los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Allende (siempre fiel), y sólo para sofocar las llamas de las casas incendiadas; vacías, porque a sus habitantes ya los habían levantado.

Más de ocho años después vuelven las interrogantes, y la falta de respuestas sólo hace que se perpetúe un momento en la historia de Coahuila que ni la amnesia más aguda permitiría olvidar.

Le nombran la recomendación No.10VG/2018 pero es más que eso. Aun con sus insuficiencias metodológicas y el desfase entre el momento de su presentación y la fecha en la que ocurrieron los acontecimientos (fue presentada siete años después), el documento se constituye como un enunciado inédito que formula un conjunto de directrices dirigidas a los tres órdenes de gobierno, en las que se incluye la disculpa pública; la integración de la indagatoria, el deslinde de responsabilidades y en su caso, el inicio de acciones penales en contra de los responsables; reparación integral del daño; la prevención para evitar la repetición, entre otras.

A mi entender, las recomendaciones se han cumplido a medias.

Por principio de cuentas, hasta la fecha nadie ha sido capaz de informar si, con el propósito de iniciar una investigación exhaustiva, se citará a declarar a las máximas autoridades estatales que fungían al momento de la masacre. Pensemos en el ex gobernador Jorge Torres o en el ex procurador Jesús Torres.

Lo mismo debería suceder con los mandos militares y de las policías Estatal y Federal, cuyos destacamentos se encontraban cercanos al sitio de los acontecimientos.

Por otra parte, en junio de este año, funcionarios de los tres órdenes de gobierno acudieron a Allende para ofrecer una disculpa pública por lo sucedido en esa ciudad, incluyendo la participación activa de los policías municipales y las omisiones de las policías Estatal y Federal y del Ejército Mexicano. Por supuesto que los funcionarios condenaron los hechos y, particularmente, el actual gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, prometió que los sucesos de violencia no volverían a repetirse.

Lo interesante del acto es que, como un río de descontento con una fuerte corriente de hartazgo social, enmarcado en la falta de resultados de la supuesta investigación y la desatención que por años sufrieron los familiares de los desaparecidos, surgió un penetrante murmullo entre el público asistente, el cual, dicen, logró escucharse hasta el lugar en donde se ubicaban las autoridades: ¿Y cuándo vendrán a disculparse las autoridades estatales que fueron omisas al momento de la masacre, y también aquellas que les sucedieron y que no avanzaron en las investigaciones, mucho menos en el deslinde de responsabilidades?

Otra de las preguntas más complejas que surgió al momento de pronunciar la disculpa pública, fue aquella que cuestionaba, no a las autoridades, sino a los propios habitantes de Allende.

Es decir, entendiendo que las víctimas de secuestro y desaparición forzada se encuentran en un cuadrante sumamente sensible, también es cierto que, para instalarse en un municipio, el crimen organizado tiende a construir un entramado de laberintos plagados de rincones oscuros en donde, las complicidades de algunos de sus habitantes forman parte de una realidad que termina afectando a toda la comunidad que en su inmensa mayoría resultan ser víctimas inocentes.

Por lo tanto, ingresando a un tema delicado, prácticamente tabú, alguien en el evento cuestionó: ¿Y los civiles involucrados que arrastraron a ciudadanos inocentes, cuándo se disculparán?


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