OPINIÓN

LA CIENCIA DE LA ILEGALIDAD

Por

3 septiembre, 2019

ARMANDO LUNA CANALES

Dar prioridad a la decisión sobre las leyes no es nuevo. La aportación teórica de Carl Schmitt a la ciencia del derecho estará siempre opacada por su servicio intelectual como cerebro jurídico del fascismo alemán. El soporte partía de una supuesta necesidad de abandonar una época decrépita y vivificar la ley reconciliando el derecho con la justicia mediante la intervención salvadora de un hombre fuerte. Esta nueva legalidad buscaba un reencuentro con la moral, apartándose de una legalidad que se agotaba en la ley escrita. Schmitt creía que la salvación de la República estaba en el robustecimiento del Estado y no en ponerle límites.

Al hablar sobre la ciencia de la ilegalidad, Jesús Silva-Herzog Márquez en «La idiotez de lo perfecto», describe a detalle los alcances de una teoría del derecho que parte de lo político y lo moral y no de la legalidad. Normalizar la excepción parece haber sido el gran fallo de Schmitt. Pretender que la solución de lo excepcional puede convertirse en regla, hace de la vida diaria en un terreno minado. Para este jurista el soberano no es el pueblo, ni la ley, ni la constitución, es soberano quien decide en estado de excepción.

Después de la Segunda Guerra Mundial prevaleció en el mundo la visión contraria. La Constitución se convirtió para los países liberales en la depositaria de la soberanía y el parámetro de lo que el gobierno puede o no hacer, y el límite legítimo a la libertad de las personas. Bajo este paradigma hemos vivido los mexicanos, pero aparecen en el horizonte amenazadores síntomas que apuntan hacia el fortalecimiento de la autoridad a costa del debilitamiento del ciudadano.

El presupuesto es un primer indicador. Se disminuye el dinero disponible para las autoridades que organizan elecciones y para los partidos que compiten por el poder. La eliminación de transferencias de recursos del presupuesto para las ONG. La asfixia presupuestal a entidades federativas y municipios. Son muestras de un uso del presupuesto que limita a la sociedad y fortalece a la autoridad.

La misma línea sigue el diseño institucional. La propuesta para transformar la CNDH en defensoría del pueblo. La siempre presente amenaza de desaparecer la Suprema Corte para hacer un Tribunal Constitucional. La creación de la guardia nacional. Los nombramientos en la Comisión Reguladora de Energía. Esto sin una propuesta clara que vaya más allá de sustituir legalmente a quienes integran estos organismos públicos. La falta de designación de los magistrados de la sala anticorrupción. La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio.

Pudiéramos enumerar muchas más pero no hace falta, puesto que el punto es que en nuestro país crece la idea de que cumplir con la ley es una opción y no una obligación. Esta idea parte del supuesto de que la ley es buena o mala según se adapta a nuestra idea de moralidad. La consecuencia es que podemos o no aceptar una ley justa o injusta, el derecho a la rebelión normalizado. Vemos muestras de esta visión por todo el país. Llamado a los delincuentes a portarse bien, pero no a cumplir con la ley. Las instituciones de seguridad y defensa atacados por civiles por todo el país. Usuarios de servicios públicos que no pagan por ellos.

El riesgo de normalizar la excepción es enorme, por una parte puede haber anarquía, por el otro autoritarismo. El panorama no es halagüeño si consideramos que el Estado de Derecho no es una fortaleza en nuestro país. De acuerdo con el World Justice Proyect en el año 2015 se ubica en el puesto 79 de 102 países calificados, existen 77% de países con un mejor Estado de Derecho. Para el Foro Económico Mundial México se encuentra en el lugar 102 de 144 países analizados. En el índice de gobernabilidad del Banco Mundial ocupamos el lugar 137 de una muestra de 211 países analizados.