El asesinato de migrante en Saltillo, único atribuible a autoridades

La Secretaría de Gobernación a nivel federal, no tiene, fuera del asesinato ocurrido en julio en Coahuila, ningún otro caso de violaciones a derechos humanos por las fuerzas de seguridad hacia migrantes, en lo que va de la implementación de las acciones migratorias en el país, que incluyen operativos de la Guardia Nacional, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia, Alejandro Encinas.

“Solamente tenemos el caso de un homicidio, el que se presentó en el caso aquí de Coahuila; tenemos problemas de decesos que se han dado en estaciones migratorias por problemas de salud que han sido puntualmente atendidos”, dijo el funcionario aludiendo al caso que se presentó el mes anterior en Saltillo, cuando un policía dio muerte a balazos a un migrante.

Durante su visita a la entidad este martes con motivo del Foro Derecho a la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, que forma parte de los Trabajos para el Diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, Encinas indicó que en todos los casos en que existe un abuso de autoridad respecto a los operativos para detección y repatriación de migrantes, “se está actuando de manera enérgica y con mucha firmeza”.

Sostuvo que casos como el de Marco Tulio, que falleció a manos de un oficial de la Policía Investigadora, el llamado es que esto no debe permitirse y agregó que el proceso está en el fuero común y la Federación ha estado colaborando con el Gobierno estatal para la atención a la familia de la víctima.

Insistió en que en materia de migración lo fundamental hoy es que ésta sea de manera ordenada y segura, “en un flujo migratorio que no tiene vuelta atrás, México dejó ya de ser un país expulsor o de tránsito, para convertirse en un país de destino, y tenemos que abrirnos a la integración de mucha población migrante a la vida nacional”.

Indicó que, por su parte, el Gobierno Federal ha establecido su eje en el combate al tráfico de personas, “que lamentablemente el tráfico de internacionales se ha ido incrementando”, y la mejor evidencia de ello, apuntó, es que se tiene cerca del 15 por ciento de la población migrante provenientes de otros continentes, de 25 nacionalidades distintas.

Expresó que esta gente viene lo mismo de África, de Camerún, El Congo, Angola, La India, Pakistán, Mauritania y de Ditrea, agregó que este es un nuevo fenómeno al cual México tendrá que adaptarse.

Respecto al fenómeno migratorio en sí, expresó que se ha contenido y las caravanas que se registraron no representaron ni el 10 por ciento del flujo migratorio en el país.

Agregó que principalmente se han tomado acuerdos con países de Centroamérica y recordó que en el Salvador se han creado fuentes de empleo similares a los flujos migratorios que se generan en ese país, y el impacto se medirá a través de la permanencia en el trabajo de las personas en sus lugares de origen, lo que se medirá a través de la Agencia de Cooperación Mexicana.

 

REBASADOS LOS CENTROS FORENSES EN EL PAÍS

En otro tema, y el encabezar la firma del Convenio para la Construcción del Centro de Identificación de Cuerpos Humanos en Coahuila, al que el Gobierno federal otorgó un insumo de 90 millones de pesos para hacer su servicio regional, Encinas indicó que al inicio de la administración actual, se tenían registrados 26 mil cuerpos sin identificar en el país, y sólo en el diagnóstico que la dependencia a su cargo encabezó con Servicios Periciales a nivel federal, se encontraron en un recorrido 8 mil cuerpos en servicios forenses que no han sido identificados.

En este sentido dijo que están desbordados los lugares donde se tienen los cuerpos y la infraestructura es insuficiente, por lo cual es importante que se concrete este Centro de Identificación Forense en Coahuila e incluso en las fosas comunes garantizar la plena identificación de los cuerpos.

Añadió que se espera construir para el siguiente año, ocho centros en total en todo el país.

Apuntó que las demandas de las familias por localizar a sus seres queridos son justas y legítimas, y es urgente atenderlas por parte del Estado, que sostuvo, asumirá su responsabilidad en la materia; “la está asumiendo” en materia de búsqueda, acompañamiento y eventualmente identificación de las personas desaparecidas. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)