Quito.- La jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniella Camacho, ordenó este jueves la prisión preventiva del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, radicado en Bélgica, dentro de un caso de sobornos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En su cuenta en la red social Twitter, la FGE indicó que la jueza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para el ex mandatario, así como, para el ex vicepresidente Jorge Glas; y el exsecretario del Agua, Wálter Solís, prófugo de la justicia.
También se ordenó la prisión preventiva para el exministro de Turismo en el gobierno de Correa, Vinicio Alvarado, quien está fuera del país, y para Yamil Massuh, ex asesor de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
La decisión la adoptó la jueza durante la reinstalación de una audiencia de vinculación de 22 personas, entre ellas, Correa y Glas, en este caso, en el que la Fiscalía investiga delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
El miércoles, la Fiscalía presentó elementos de convicción que demostrarían la presunta participación de Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017, y de otras 21 personas en una trama de corrupción.
El caso denominado «Sobornos 2012-2016», está relacionado con denuncias de supuestos aportes irregulares al movimiento oficialista Alianza PAIS, del que Correa era su líder.
Dichos aportes habrían realizado compañías nacionales y multinacionales extranjeras, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
Correa ha rechazado su vinculación en el caso y ha desestimado las acusaciones de la Fiscalía tildándolas de «ridículas».
El ex vicepresidente Jorge Glas, otro de los procesados, ya está preso desde octubre de 2017 por el delito de asociación ilícita relacionado con de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador.
La Fiscalía había pedido para el resto de procesados la presentación periódica ante un juez y la prohibición de salida del país.
Asimismo, pidió para todos los 22 sospechosos la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes, títulos, valores o acciones, por un monto de 7,8 millones de dólares.
Según la Fiscalía, dentro de esta trama de corrupción, presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero, ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas, a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.
La fiscal Salazar, argumentó que solicitó las medidas cautelares para asegurar la presencia de los vinculados durante el proceso. (XINHUA)
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