Exigen trabajadores del IMSS pago de 5 mil mdp por concepto de ahorros de cesantía y vejez 

La Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social (UNCIMSS), integrada por 16 estados, entre ellos Coahuila, informó en rueda de prensa que a pesar de haber denunciado al Estado Mexicano ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre del 2018, por la retención de ahorros en las subcuentas de cesantía y vejez del IMSS, manejadas por 11 Afores, siendo la Siglo 21 Banorte la que posee el 80 por ciento del monto económico que equivale a un estimado de 5 mil millones de pesos, dicha cantidad continúa sin ser liberada para los más 35 mil trabajadores jubilados, activos y pensionados afectados en el país.

«Haciendo énfasis en la recuperación nuestros ahorros depositados en las subcuentas de cesantía y vejez que no nos están devolviendo por la aplicación de un criterio jurisprudencial que fue emitido en el 2008, el 185-2008, por la Suprema Corte de Justicia, violando un derecho humano que es el derecho a la propiedad», mencionó Juan Ángel Castillo Lafarja, coordinador de UNCIMSS Puebla.

En la reunión, se estimó que de los afectados, al menos 800 son coahuilenses y se remarcó la posibilidad que de continuar estas retenciones, al menos otros 110 mil trabajadores que se encuentran en proceso de jubilación sufrirán esta problemática a futuro.

«Son alrededor de 35 mil compañeros a los que no se les ha devuelto esa subcuenta a nivel nacional, desde noviembre de 2015 a la fecha, pero esta cifra se va acumulando porque cada quincena se jubilan cientos de compañeros en toda la República. Ahorita son 35 mil con un monto aproximado de 5 mil millones de pesos», reportó.

A su vez, Castillo Lafarja amenazó con generar «movilizaciones sociales» si no se da liquidez a este asunto y se libera lo que, en sus palabras, corresponde a empleados que se han ganado con su trabajo y dedicación en el IMSS, el disfrute de estos ahorros. Al respecto, dio como plazo hasta noviembre de este 2019, para obtener alguna resolución positiva ante este problema que surgió en 2015.

«Estamos agotando todas las instancias para que esto se nos devuelva y que no nos obliguen a hacer movilizaciones sociales, a lo cual lo vamos a hacer si el Poder Legislativo, si las negociaciones políticas con las instituciones no llegan a buen puerto, lo decimos claro y fuerte para que se oiga lejos, vamos a hacer movilizaciones. Somos 35 mil los afectados más los compañeros que se solidaricen con nosotros para hacer movilizaciones y reclamos tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, como al Judicial», externó. (OMAR SOTO)