Después de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informara el bloqueo de 224 cuentas en seis instituciones bancarias, y se dijera en una situación “grave” de parálisis administrativa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que esta medida se debe a posibles casos de corrupción, incluidos venta de hidrocarburo y conflicto de intereses.
“Se bloquearon cuentas a personas vinculadas a una universidad por actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidos casos de conflicto de interés y venta de hidrocarburos. Si hay cuentas que tienen que ver con el pago de nómina, serán desincorporadas de la lista”, expuso el funcionario en su cuenta de Twitter.
Él ha sido criticado por Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo político que controla la universalidad, y presidente de su patronato —área responsable del manejo financiero—, así como por el rector Adolfo Pontigo Loyola por el congelamiento de cuentas, medida que consideran ilegal porque afirman no han recibido notificación oficial por parte de Hacienda; asimismo, lo han señalado por dar a conocer la posible implicación en actos de corrupción, debido a que juzgan que es en detrimento de la casa de estudios.
La Autónoma de Hidalgo cuenta, entre sus 22 empresas, con la gasolinera Servi Garza, en Mineral de la Reforma, concesionada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la venta de gasolina y diésel, reportó El Heraldo de México.
Previo a la publicación de Nieto Castillo, la UAEH afirmó que más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados no cobrarán su quincena, ni recibirán sus respectivas prestaciones laborales.
La institución dio a conocer que seis bancos en que los operan sus cuentas, incluidas las de recursos provenientes de la Tesorería de la Federación (Tesofe), bloquearon los fondos, rechazaron depósitos y negaron el pago de cheques, servicios, proveedores y obligaciones ordinarias.
El rector Adolfo Pontigo Loyola solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, afirmó, el origen de los recursos en las cuentas es de procedencia lícita.
“Estas acciones perjudican gravemente no sólo el prestigio de la institución, sino el ejercicio legítimo de la autonomía universitaria; dañan severamente los derechos laborales de casi 7 mil 500 trabajadores en activo, personal jubilado y las familias de todos ellos, en especial, el goce de sus salarios y prestaciones, entrega de estímulos y becas, pago de finiquitos, así como el cumplimiento de obligaciones patronales como las pensiones alimenticias, pago de cuotas de seguridad social, retenciones de INFONAVIT, INFONACOT e ISR, además de la imposibilidad de atender responsabilidades con proveedores”, expuso Pontigo a través de un comunicado.
La administración de la universidad, añadió, también se verá afectada en el pago de servicios básicos como energía eléctrica, telefonía, internet o transporte escolar, y que está en riesgo el proceso de selección que en breve realizarán más de 31 mil 600 aspirantes.
La Unidad de Inteligencia Financiera presume un posible lavado de dinero debido a transferencias inusuales por más de 156 millones de dólares provenientes 22 países. (EL HERALDO DE MÉXICO)
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