Luego de que el Sistema Nacional de Seguridad señalara que ha crecido el número de servidores públicos a quienes se ha fincado un proceso penal por diversos delitos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción, señaló que sus números no corresponden a los otorgados por el organismo nacional debido a que éste incluye todos los delitos cometidos en general y la dependencia estatal sólo a los que obedecen a hechos de corrupción.
Mientras que el Sistema Nacional reporta en el primer trimestre 130 casos registrados según números de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada ha contabilizado en el mismo período sólo 22. Al respecto, el Fiscal Especializado Jesús Homero Flores Mier expresó que las cifras federales pueden referirse a otras fiscalías especializadas que no reciben denuncias de delitos por hechos de corrupción, como es el caso de la especializada en delitos cometidos por agentes del estado, fiscalía electoral, desaparecidos, etcétera.
En cuanto al incremento, el Sistema Nacional indica que se trata de 60 casos más que en 2018, en tanto que la Fiscalía Anticorrupción por el contrario, reporta una disminución de tres casos con respecto a diciembre del año anterior, cuando se tenían contabilizadas 19 denuncias.
“El año pasado fueron muchas porque la Auditoría Superior presentó las denuncias que van de 2013 a 2017 y este año no se ha recibido ninguna más, no tengo las cifras exactas pero creo que van por debajo las del 2019 con respecto al año anterior”.
En cuanto a las causales indicó que son por cohecho, usurpación de funciones, otorgamiento de cargo, empleo o comisión; coalición de servidores públicos; adquisiciones, arrendamientos y/o enajenaciones; por colocación de fondos realizados ilegalmente; otorgamiento ilegal de franquicias; sesiones, deducciones o subsidios ilegales; tramitación indebida como el caso de Infonavit; tráfico de influencias; celebración ilícita de contrato remunerado; peculado y aplicación distinta de fondos públicos.
De las 22 carpetas de este año, tres están por judicializar en el transcurso de esta semana o la próxima por abuso de autoridad u otorgamiento de concesiones por parte de funcionarios estatales y municipales; las cuales pueden terminar en 12 años de prisión, multa o reparación del daño, así como inhabilitación.
En cuanto a las razones por las cuales el resto no ha sido judicializado indicó que se debe a la complejidad en cada caso pues muchas requieren dictámenes contables o informes periciales contables, donde es más tardada la elaboración de las pruebas.
“Estoy convencido que en los próximos meses vamos a tener más y mejores resultados”. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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