EN EL TINTERO

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Atacar la corrupción

Pocas veces la sociedad logra ser testigo de la aplicación de la justicia y es que, considerando el número de denuncias y quejas interpuestas contra políticos o servidores públicos por irregularidades diversas, la estadística de sanciones es prácticamente baja.

En Coahuila, durante el año 2018 la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas abrió 246 procedimientos de responsabilidad administrativa; de los cuales, se resolvieron el 88 por ciento. De éstas, el 22 por ciento concluyó en una sanción que fue desde la amonestación pública, amonestación privada, suspensión e inhabilitación.

Lo anterior equivale a 47 casos de igual número de servidores públicos a los que se les acreditaron irregularidades en el ejercicio de la función pública.

El caso más conocido y sonado es el de Fabián Núñez, quien fuera secretario particular del entonces director del Cecyte, Francisco Tobías. Fabían atrajo la atención, primero de la sociedad a través de sus redes sociales al publicar y presumir prendas de marca y muy costosa que a simple vista demostraba que su gasto no iba acorde con sus ingresos.

La titular de la SEFIR, Teresa Guajardo Berlanga, dijo entonces que se resolvió inhabilitarlo por cobrar en dos plazas, tras detectar que sólo cumplía operativamente con una.

Los otros dos inhabilitados son Arnulfo Camarillo y Benjamín Enrique Moffat, ambos por irregularidades detectadas en una auditoria propia. También se registraron dos suspensiones por no presentar a tiempo la declaración patrimonial que fue el caso de Demetrio Rodríguez y Dora María Balleza Hernández.

Tesy Guajardo, asegura que en este año se trabaja con los pendientes que quedaron el año pasado; así como los que están por iniciarse de acuerdo al informe notificado a la Secretaría a su cargo por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.

Al cuestionarle los detalles de dichos procedimientos, confieso que escuché con escepticismo su respuesta “Pueden encontrar la información directamente en la página www.coahuilatransparente.gob.mx en un apartado especial denominado Servidores públicos sancionados”, dijo. Grata sorpresa me lleve al encontrar que efectivamente los datos estaban en su portal de internet.

Ante la impunidad que impera en nuestro país, somos más los que cada vez creemos menos en las autoridades y en las acciones que realizan para acabar con la corrupción.

Pero hoy vale la pena reconocer que, al menos en la SEFIR, se está trabajando y transparentando la información, acciones que, por cierto, debería replicar entre otros el Sistema Estatal Anticorrupción.

Aunque SEFIR es parte de este sistema, corresponde a Ana Yuri Solís presidenta del CPC impulsar y exigir que realmente se obtengan resultados, porque hasta la fecha no existe ni página ni información de propia voz de los integrantes del Consejo Ciudadano que demuestre el trabajo -si es que se está haciendo-, para acabar con la corrupción.

Ya casi se acaba el reto de los 100 días y nada se ha obtenido, este Sistema tiene más de un año y los resultados no están a la vista. ¿Qué pasó con el caso de Isidro López, sus exdirectores y muchos más que al parecer sólo han quedado en expedientes guardados?

Por lo pronto, ojalá que otras dependencias actúen de manera firme para sancionar a los servidores públicos que siguen ejerciendo viejas prácticas y cometiendo actos de corrupción.